Bruselas cuestiona ante el tribunal de Justicia de la UE "el interés general" de la ley de amnistía

Luxemburgo

La Comisión Europea ha insistido este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

El abogado del Ejecutivo comunitario, Carlos Urraca, ha añadido que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de reconciliación".

La Comisión se ha expresado así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebra hoy sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.

En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión".

No obstante, Bruselas ha dicho que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y ha asegurado que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen".

Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha dicho que el plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar este asunto "sin ningún problema", una opinión que también ha defendido la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados.

Para la abogacía del estado y el ministerio fiscal no hay indicios de que el procés haya comprometido fondos europeos, que es una de las cuestiones trasladadas al TJUE por el Tribunal de Cuentas. Una intepretación que comparte el abogado de la Comisión Europea, que tampoco encuentra vínculos entre las actividades ilegales que buscan la secesión con la vulneración de los recursos propios de la Unión Europea.