El Gobierno da luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada para su tramitación

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada para remitirla al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. "Sitúa a nuestro país en la línea de los países más avanzados de Europa", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, al comienzo de la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo (1968) y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada, cuando transcurran unos determinados plazos.

La ley establece que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. El proyecto de ley estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

En la ley, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "se regulan cuatro categorías de información clasificada":

1. "Alto Secreto".
2. "Secreto".
3. "Confidencial".
4. "Restringido”.

"Y a cada una de ellas", ha añadido Bolaños, "se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido".

Régimen sancionador

Se introduce también en la ley "un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves".

Considera el Ejecutivo que "con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión".

"El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones", añade. Además se crea "la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada , que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".

Cumplimiento de una promesa

El Consejo de Ministros da el primer paso para cumplir la promesa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hizo al exportavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, el día que se despidió del hemiciclo tras más de dos décadas como diputado. "Cuente con que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales", le prometió Sánchez el pasado 26 de febrero a Esteban.

Se trata del enésimo intento de cambiar la Ley de Secretos Oficiales del franquismo que data de 1968 y que el PNV considera irrenunciable. El Ejecutivo de Sánchez ya aprobó en 2022 un anteproyecto de ley sin consenso de sus aliados y que decayó por el adelanto electoral del 23-J de 2023.

En esta nueva norma se rebajan las sanciones económicas para los filtradores sobre el proyecto de 2022 y se añade como "criterio de graduación" el "derecho a la libertad de información", pero se alude expresamente a que se podrá aplicar el Código Penal.

La principal novedad es que se producirá el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más; es decir, de todos los anteriores a 1981, lo que incluye la dictadura franquista y la Transición.

Los posteriores a esa fecha se irán desclasificando a medida que cumplan los plazos previstos en la nueva ley: hasta 60 años para los de "alto secreto"; 45 para los "secretos"; entre 7 y 9 para los "confidenciales"; y 4 o 5 para los "restringidos". El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.