Solo dos jueces y 28 fiscales comunicaron oficialmente que secundaban el último paro judicial

Madrid

El Ministerio de Justicia ya maneja un dato oficial de seguimiento de las tres jornadas de huelga que convocaron todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, a principios de este mes de julio.

Según ha sabido la Cadena SER, solo dos jueces de los más de 6.200 que hay en España comunicaron al departamento que dirige Félix Bolaños que secundaban el paro convocado contra la reforma del acceso a la carrera judicial y contra la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal. Uno de ellos cumplió con los servicios mínimos.

En el caso del Ministerio Público, 28 efectivos comunicaron a la Fiscalía General del Estado que ejercían su derecho a la huelga, de los más de 3.000 fiscales que ejercen en nuestro país. Justicia estudia ya descontar el salario a los 29 huelguistas. Deja fuera al juez que se declaró en servicios mínimos.

"Estas cifras están muy lejos de las que manejaron las asociaciones convocantes, que cifraron en una media del 70% el seguimiento de los tres días de paros. Establecieron un canal privado para que jueces y fiscales pudieran comunicar su voluntad de hacer huelga de forma segura y sin que se pudiera hacer público.

Justicia también ofreció sus propios datos que obtuvo a través de los letrados de la administración de Justicia y que situaban el respaldo al paro en una media del 30%. El Consejo del Poder Judicial se limitó a afirmar que no había base legal para que los jueces fueran a la huelga, pero no recabó datos de seguimiento.

Comunicado de las asociaciones tras la información

Las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales han respondido a la información de este jueves con un comunicado en el que explican que hasta ahora "el Ministerio de Justicia no ha detraído los haberes correspondientes a los días no trabajados, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo en su calidad de empleador/pagador".

"Los trabajadores en huelga no pueden detraerse ellos mismos el salario y, desde luego, no es obligación de los huelguistas pedir que se les haga dicha detracción", dice el comunicado publicado este jueves.

La ciudadanía debe saber que nuestra protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes la ejercemos. Pretender lo contrario es desinformar, banalizar un derecho fundamental y despreciar el esfuerzo de quienes, desde dentro del sistema, exigimos una justicia más digna y eficaz para todos (...) Instamos al Ministerio de Justicia a que rectifique de inmediato, cumpla con sus obligaciones legales y respete sin ambigüedades los derechos que la Constitución reconoce a todos los trabajadores, también a jueces, magistrados y fiscales", explican las asociaciones en el comunicado.

Entienden los convocantes de la huelga que "esta omisión no es menor" ya que en la anterior huelga del año 2018 los haberes fueron descontados "de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente".

Consideran "inaceptable" que en esta ocasión el Ministerio no haya actuado del mismo modo, y consideran que está aprovechando esta circunstancia para tildar el paro de "anecdótico" en un ejercicio de "propaganda y manipulación".

"La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento", señalan.

Frente a ello, los firmantes de este comunicado quieren dejar claro que el derecho a la huelga es un derecho constitucional "que hemos ejercido con responsabilidad, y que seguiremos ejerciendo cuando sea necesario. No puede ser ignorado ni desnaturalizado por decisiones políticas o administrativas".