La defensa de David Sánchez pide a la jueza de Badajoz que imponga costas a Manos Limpias por mala fe procesal

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un escrito ante la juez de Badajoz en el que solicita que se impongan costas a la acusación popular que lidera Manos Limpias por "mala fe procesal" y "temeridad", en relación a su petición de medidas cautelares a partir de la sospecha, dice, infundada, de que se muda a Japón.

El escrito, al que tuvo acceso la Cadena SER, lo firma el letrado Emilio Cortés y se ha presentado este jueves para rebatir el último recurso de Manos Limpias, que, el lunes, cuando la juez confirmó que no retiraría el pasaporte a David Sánchez, le pidió que lo reconsiderase porque podría estar de vacaciones "meses" fuera de la Unión Europea y así, del alcance del tribunal.

La defensa contesta que la acusación popular "sigue sin aportar dato objetivo alguno" y subraya además que esta fase procesal (están en espera de juicio), no es la de ejecución de la pena, por lo que la petición de cautelares es "manifiestamente anacrónica". Ya en un escrito anterior refería que no había mudanza alguna y que pasar un periodo fuera de España durante el periodo estival no podía considerarse un cambio de residencia.

"Precisamos que, como bien se dice en las resoluciones de este Juzgado, el Sr. Sánchez tiene su residencia en Portugal, pese a lo cual las acusaciones consorciadas se empeñan en situarla ahora en España. ¿No se acuerdan de sus infundadas imputaciones de fraude fiscal basadas en esa coyuntura geográfica? ¿Mala memoria o uso fraudulento y espurio de los datos procesales para tratar de inducir a error a los intervinientes en estas Diligencias Previas?", añade.

En su opinión, la pretensión está cargada de "sesgo prospectivo" porque "concluir que el Sr. Sánchez quiere abandonar definitivamente el territorio ibérico para eludir la acción de la justicia constituye no una inferencia, sino una auténtica invención".

Solicita por ello que se rechace la petición y "que, atendida la mala fe procesal, así como la inconveniencia técnica del recurso que revela su temeridad, se impongan al recurrente las costas correspondientes".