Dictaduras, bandas criminales e impunidad, el cóctel de las desapariciones forzadas en Latinoamérica

Viviana Mendoza no sabe nada del paradero de su hermano Manuel desde hace siete años. Se define como una “mujer buscadora”. Es de Guanajuato, en el centro de México, y allí las autoridades, lejos de ayudarla a encontrarlo, intentaron generarle miedo, le decían que su hermano se lo merecía y le atribuyeron delitos que no había cometido. Incluso culparon a su otro hermano de ser responsable de que se lo llevaran.

A Manuel “lo desaparecieron el 8 de enero del año 2018”, cuenta. “Cuando desaparece una persona se debe hacer todo, buscarla e investigar, como marcan los protocolos, y siempre bajo la presunción de vida, pero eso no ocurre en la vida real”, lamenta. Esta impunidad es una de las claves que explican este fenómeno que afecta especialmente a América Latina y es lo que más sufren las familias que buscan.

La estimación de desapariciones forzadas en la región es de 300.000 casos sin resolver, aunque la cifra real es probablemente muy superior, porque en algunos casos ni siquiera hay registro oficial.

Primero fueron las dictaduras sangrientas, ahora las bandas criminales. “Cada país tiene un tipo de desaparecidos muy distintos, aunque en muchos de ellos está el problema del narcotráfico, el problema de la violencia de género, el problema de la inmigración ilegal, el problema que se arrastra de dictaduras pasadas o todavía de la guerrilla existente, con lo cual se disparan las cifras”, explica Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos.

Amills, cuya organización acaba de liderar la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas, pone algunas cifras al desastre: Colombia tiene más de 140.000 desaparecidos. México tiene más de 125.000. En Brasil desaparecen diariamente 225 personas. “Sin duda, el narcotráfico está teniendo un papel muy importante en todo esto. Incluso a veces el narcotráfico va paralelo al incremento de otro tipo de desapariciones, como puede ser la trata de personas”, asegura. En este sentido, menciona también la sustracción de menores, que en países como Argentina, Perú y Ecuador está en auge.

Es difícil obtener cifras exactas de este problema porque muchos casos ni siquiera se llegan a denunciar. “El problema es que no hay una legislación que ampare esto”, opina Amills, denunciando la pasividad entre los países cuando se trata de sustracciones de menores por parte de los progenitores que llevan a sus hijos ilegalmente a otros países. En Argentina, por ejemplo, son unos 3.000 casos. “Estamos intentando luchar que las órdenes judiciales se cumplan, y que se cumpla convenio de La Haya”, dice.

90 desapariciones al día en México

El país más castigado actualmente por las desapariciones es México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 es solo la punta del iceberg de este fenómeno. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, hay 110.000 personas de las que se desconoce su paradero, aunque la cifra puede llegar hasta 130.000 por los que no denuncian. A algunos se los llevó el propio ejército. A otros, comandos armados y encapuchados, y algunos más solo salieron de casa y jamás volvieron.

El pasado mes de marzo, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dieron con uno de los hallazgos más estremecedores de los últimos años. Entraron al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el oeste de México, encontrando prendas, zapatos, mochilas, gorras, restos humanos y crematorios como si fuera un centro de exterminio. Las autoridades rechazaron que se tratara de crímenes de lesa humanidad y dijeron que el rancho era un centro de criminales y que lo investigarían hasta sus últimas consecuencias.

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Casi el 95% de las desapariciones en México se produjeron a partir de 2006, es decir, en el periodo de la militarización de la seguridad pública. Y el incremento desde entonces ha sido exponencial. Si en todo el año 2006 desaparecieron en México unas 630 personas, en 2024 desaparecieron más de 33.400. “En este momento están desapareciendo en el país alrededor de 90 personas cada día”, subraya Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional en México.

Olivares atribuye el exceso de desapariciones a la inseguridad y la “estrategia absolutamente fallida” de militarizar la seguridad pública, que “ha hecho aumentar la violencia en los territorios”. También a la impunidad: “El Estado mexicano no busca a las personas. El mensaje que se da a quienes están desapareciendo personas es que no va a pasar nada”, añade.

Violencia contra las buscadoras

Las denuncias de las familias quedan muchas veces en un cajón. Son sobre todo muchas madres quienes se han lanzado a buscar a sus hijos desaparecidos, y han tenido que hacerlo combatiendo un sistema que “enseña a las mujeres a sentirse culpables por todo lo malo que les pasa”, cuenta una de ellas a la periodista de W Radio México Verónica Méndez. “Porque fuiste mala mamá, porque no educaste a tu hijo, porque fuiste alcahueta…” La violencia social e institucional les metió en la cabeza que eran responsables de la desaparición de sus hijos.

Amnistía Internacional acaba de presentar el informe ‘Desaparecer otra vez’, en el que expone los obstáculos y la violencia a la que se enfrentan estas buscadoras de desaparecidos que engrosan más de 234 colectivos en todo el país formados de manera espontánea ante la ausencia y las omisiones del Estado. Quienes buscan son casi siempre las madres, las hermanas, las esposas, las hijas, las abuelas… asegura Olivares, y lo hacen literalmente cavando fosas clandestinas con picos y palas exponiéndose en lugares peligrosos. “Tenemos registrados al menos 16 asesinatos de mujeres buscadoras y muchas de ellas enfrentan también desapariciones, ataques y amenazas”, asegura la activista. Algunas de esas violencias las perpetran los responsables de la desaparición de su familiar, pero otras “están vinculadas directamente con el Estado mexicano”.

Según el informe de AI, más del 55% de las mujeres con las que han hablado señaló haber sido discriminada, atacada o amenazada por autoridades del Estado mexicano, y más del 70% tienen afectaciones en la salud mental, como insomnio, depresión, ansiedad y ataques de pánico, que están vinculados a la desaparición, a la labor de búsqueda e incluso a los hallazgos. Además, la búsqueda les ha supuesto una pérdida de recursos económicos a un 65% de estas mujeres.

La violencia contra las buscadoras pretende lanzar además un mensaje y disuadir a las demás. Prueba de ello es uno de los asesinatos que la ONG tiene documentados y en el que se dejó escrito que esa mujer había muerto por hablar demasiado claro. “Tenemos testimonios de mujeres que señalan que agentes del Estado mexicano les dicen bueno, señora, tenga cuidado, porque a usted también la pueden matar”, cuenta Olivares, quien denuncia la “irresponsabilidad” de las autoridades del país, que pone en riesgo a estas mujeres al no garantizar una búsqueda segura.