¿Quién asume la responsabilidad moral de los incendios?

Madrid

No se recuerda un verano con tantos incendios y tan graves. En España ya han ardido más de 400.000 hectáreas, la mayoría de ellas en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Fuegos que han arrasado bosques centenarios, explotaciones ganaderas, negocios de hostelería y hasta pueblos enteros, obligando a cientos de personas a dejar sus hogares sin saber si iban a poder volver.

Con el paso de los días, los responsables políticos han dedicado buena parte de su tiempo en dos cosas: responsabilizar a otros y repetir que se está haciendo todo lo posible. Pero ya era tarde para muchos de los vecinos afectados. Algunos, de hecho, al verse en una situación límite, optaron por quedarse a luchar contra el fuego con sus tractores, cubos de agua o mangueras de jardín.

Todos sabían que desobedecer una orden de desalojo podía acarrearles una sanción. Pero, al constatar que no había bomberos suficientes para cubrir todos los frentes, llegaron a la conclusión de que no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados.

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Circunstancias que, tal y como han dejado patente muchos de los testimonios recogidos a lo largo del mes de agosto por la Cadena SER, arrojan auténticos dilemas éticos y morales.

La responsabilidad moral de los incendios

Por ejemplo, ¿es ético multar o llevarse a la fuerza a alguien que no quiere dejar su casa? Y, en caso de que luego cambie de opinión, ¿esa persona tendría derecho a pedir ayuda, sabiendo que pone en riesgo al equipo de rescate? La gran pregunta, de todas formas, es la de quién asume la responsabilidad moral de los incendios.

"Vivimos en un país en el que cuesta asumir que muchas de las cosas que nos suceden, aunque aparentemente sean desastrosas, en realidad son previsibles", asegura Ángel Puyol, catedrático de Ética en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ana María Marcos del Cano, catedrática de Filosofía del Derecho en la UNED y miembro de la Comisión Ética de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) del Gobierno de España, señala que la responsabilidad jurídica recaerá en los seguros, los consorcios y las adminstraciones, pero tiene claro que "la responsabilidad moral va más allá".

La catedrática de la UNED recuerda la importancia de la limpieza de los montes en la prevención de incendios y pone el foco sobre las tradiciones perdidas, como el pastoreo. "Si las personas envejecen y los pueblos se vacían, son las administraciones quienes tendrían que encargarse de crear nuevos puestos de trabajo para que los montes no sean pasto de las llamas. A veces se defiende el monte de una manera ideológica muy equivocada".

Puyol, por su parte, insiste en que "ante algo inevitable es lógico pensar que entre todos debamos asumir esos costes, porque le podría pasar a cualquiera". Pero recuerda que "las catástrofes no son siempre inevitables" y que, en el caso de los incendios, el hecho de no haber cuidado el bosque puede ser determinante. "En un caso así hay que ver quién tenía la obligación de intervenir porque habrá una personal o privada, y otra parte pública. La responsabilidad sobre las consecuencias tiene que ser acorde a esa responsabilidad".

Desalojos forzosos, multas y cambios de opinión

Para enfrentarse a una emergencia hay que tomar muchas decisiones y, a menudo, resolver sobre la marcha dilemas éticos que, en realidad, deberían ser analizados con calma y en profundidad.

Ante una orden de desalojo, por ejemplo, ¿sería ético llevarse a la fuerza a un particular que se niega a abandonar su casa, su granja o su pueblo? Ana María Marcos del Cano recuerda que la Ley de Prtección Civil circunscribe esa situación a los momentos de "riesgo grave, inminente e ineludible" y, en todo caso, señala que la normativa internacional obliga a ejercer la fuerza de manera "proporcional", si bien contempla sanciones o incluso la imputación de un delito para quien ponga en peligro a terceros.

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Ángel Puyol se centra, precisamente, en ese supuesto: "Vivimos en un estado constitucional y la libertad individual también ha de asumir los costes de ser ejercida".

Pero, según el catedrático de Ética, eso solo valdría "si la persona en cuestión está muy bien informada de lo que le puede pasar y siempre y cuando su actitud no ponga en riesgo a sus familiares —especialmente si son menores—animales o propiedades públicas. Lamentablemente, suelen ser casos en los que uno no tiene nada previsto y hay que improvisar con mucho estrés".

Ambos expertos coinciden en que, si alguien desobedece una orden de desalojo y luego cambia de opinión, sigue teniendo derecho a pedir socorro. "Pero que el rescate se lleve a cabo es más difícil", apunta Ana María Marcos del Cano. "La situación siempre pivota entre la libertad del individuo, la protección de la vida (la de la víctima y la de los bomberos) y el bien común.

"Sería una situación problemática", matiza Puyol. "Si son costes solo económicos, como un helicópteros, hay un argumento moral para pedirle a quien ha querido ejercer su libertad que la asuma hasta las últimas consecuencias. Pero lo más importante es el riesgo al que se exponen los equipos de rescate. Es un dilema difícil de responder y habría que verlo caso por caso".

En el caso de los montañeros imprudentes que se aventuran sin un mínimo de equipamiento o que lo hacen en condiciones meteorológicas adversas, de hecho, ya hay administraciones que, tras el rescate, les presentan la factura. ¿Sería ético hacer lo mismo en caso de incendio? La catedrática de la UNED cree que no porque, a diferencia de quienes han decidido libremente asumir un riesgo, los afectados por los incendios son víctimas de una tragedia.