30.000 dólares por cabeza: el precio que Trump pone a los migrantes que deporta a África

Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Suazilandia son los países con los que la administración estadounidense de Donald Trump ha firmado convenios para la deportación de migrantes. Esas deportaciones se hacen a cambio de un “apoyo financiero” de Washington que asciende a cifras millonarias. 7,5 millones de dólares a cambio de 250 deportados en Ruanda, o 5,1 millones a cambio de hasta 160 deportados en Suazilandia, según los datos que ha recopilado Human Rights Watch.

De esos datos se desprende el precio que Trump le ha puesto a cada migrante que expulsa a la fuerza de Estados Unidos: 30.000 dólares por deportado. Ese dinero se destina a que estos terceros países fortalezcan sus políticas migratorias o de seguridad. “En teoría, es dinero de cooperación para para temas de desarrollo, pero evidentemente se usa como un incentivo para que los gobiernos reciban a estas personas deportadas y faciliten las políticas migratorias de la administración Trump, que han sido altamente abusivas”, explica Juan Pappier, responsable en Washington de HRW.

La organización denuncia que estos acuerdos de expulsión exponen a cientos de personas, detenidos sin cargos penales, a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura, y ha pedido a los países africanos que se nieguen a firmarlos.

Pero el presidente Trump no se queda aquí, HRW tiene conocimiento de que está negociando hasta con 60 países del mundo para que acepten recibir a los deportados que están siendo expulsados de EE.UU. “Hemos visto también acuerdos similares en América Latina. Por ejemplo, se han enviado deportados al Salvador, donde fueron detenidos en una cárcel, o a Costa Rica y a Panamá”, recuerda Pappier.

Muchas de esas personas que están siendo deportadas sin ningún cargo penal, en procesos que Pappier califica de “abusivos”, porque “se les niega el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, y son enviadas a países donde hay altos riesgos de violaciones de derechos humanos”. El ejemplo está en las deportaciones de este tipo que ya se han realizado a El Salvador. Allí muchos venezolanos “reportan que han sido torturados y maltratados por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”, asegura.

Los deportados van a parar a cárceles o centros de detención en un sistema “con muchísima opacidad”, según el responsable de HRW. “Los gobiernos, en el caso de los países africanos, no han sido transparentes sobre dónde se encuentran estas personas deportadas, en qué condiciones, qué trato se les está dando”. En Sudán del Sur, por ejemplo, han constatado que se han enviado seis nacionales de terceros países, incluidas personas de Cuba o de Jamaica, pero todavía no han podido saber en qué centro de detención se encuentran y bajo qué condiciones.

En algunos casos esos deportados son enviados a su vez a sus países de origen. Es el caso de un jamaicano que fue devuelto a su país después de ser deportado por Estados Unidos. Esto, para Pappier, son “buenas noticias”, porque les permite volver con sus familias y probablemente estén en menos riesgo del que asumen en los países africanos que no conocen y tienen culturas distintas. Sin embargo, reclama salvaguardas claras para asegurarse de que no se envía a nadie a países de los que están huyendo. “Lo que no podemos hacer es devolver a víctimas de represión de violaciones de derechos humanos a los países de los que ellos huyen”, insiste. “Eso violaría un principio central del derecho internacional”.

Los migrantes en Estados Unidos viven con miedo a ser detenidos y deportados, siempre con los papeles encima y evitando exponerse. Un temor “deseado por parte de la administración Trump”, cree Pappier, con el fin de que la gente no vaya al país. Unas políticas que están siendo adoptadas también por países de Europa como Italia, con sus deportaciones a Albania.

El impacto de los recortes en ayuda al desarrollo de Trump

Paradójicamente, África es el continente más afectado por los recortes de Trump en ayuda exterior, que va a contribuir con 33.000 millones de dólares menos. “El impacto es brutal”, por lo radical que ha sido, lamenta Enrique Yeves, exdirector de FAO en España y exportavoz de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y actual director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas.

En el medio año que ha pasado desde el cierre de USAID, el impacto es muy tangible en países como Etiopía, donde el Ministerio de Salud ha tenido que despedir a 5.000 trabajadores del área sanitaria que habían sido contratados con la ayuda estadounidense, según el experto. Lo mismo ha ocurrido en Sudáfrica, donde han despedido a 8.000 trabajadores, y en Liberia o en Sudán.

La ayuda nutricional se está reduciendo un 44% en comparación con el año pasado solo por parte de Estados Unidos, y la eliminación de los programas de nutrición infantil que financiaba para 1 millón de niños y niñas por valor de 128 millones de dólares va a provocar que al menos haya más de 100.000 muertos infantiles al año, asegura Yeves.

El impacto cuantitativo de la ayuda de Estados Unidos es mucho mayor que el de los países europeos, pero este es el tercer año consecutivo del descenso del gasto en ayuda del G-7. Países como Alemania van a reducir su contribución en 3.500 millones de dólares, Reino Unido, en 5.000 millones y Francia en 3.000 millones, lo que aleja cada vez más el objetivo del G7, de la ayuda al desarrollo del 0,7.

Estos recortes, además de en el aspecto humanitario, tienen consecuencias en el aspecto geopolítico, advierte Yeves, porque no era una ayuda “altruista”, sino que le servía a Estados Unidos para tener poder e influencia en esos países de África. Y añade: “todos sabemos que cuando alguien pierde influencia y poder, entran otras potencias a ocupar ese papel, y en este caso quien más se está beneficiando es China, porque es la que está incrementando las ayudas a los países en desarrollo”.