El juez envía al banquillo a los exdiputados del PP Arístegui y De La Serna por la trama de sobornos para adjudicaciones en Argelia
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emite auto de apertura de juicio oral contra los exdiputados del PP y otras 21 personas por la pieza que ha investigado la trama de comisiones y sobornos supuestamente ejecutada desde el despacho que ambos fundaron mientras aún se sentaban en el Congreso. El fiscal pide 18 años de cárcel por organización criminal o corrupción entre otros delitos
Pedro Gómez de la Serna (izquierda) y Gustavo de Arístegui (derecha) / EFE
Madrid
Los exdiputados del PP Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna, se sentarán al banquillo junto a otras 21 personas por la pieza separada que durante 10 años ha investigado los sobornos en Argelia del despacho Voltar Lassen, que ambos fundaron en 2009, cuando aún eran diputados del Partido Popular.
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Arístegui, que también fue embajador, y Gómez de la Serna, supuestamente se valieron de la red de contactos tejida mientras eran políticos en activo, para ejecutar su acción delictiva.
En su auto de apertura de juicio oral, el juez Pedraz relata en concreto su participación en dos operaciones mercantiles para la construcción del tranvía de Ouargla y la desoladora Soul Tleta en Argelia. Los dos cabecillas, según el juez y mientras eran diputados en 2009, "se concertaron para asesorar a empresas españolas en la búsqueda de oportunidades de negocio y apertura de mercados exteriores, y ello a cambio de cobrar de esas empresas una comisión mensual o iguala y una comisión de éxito para el supuesto que consiguiesen algún contrato de obra, servicios o suministro con empresas públicas y gobiernos extranjeros".
En su escrito, Pedraz describe cómo se concertaron junto a una red de comisionistas, blanqueadores y 5 empresas de las que destaca Elecnor, para facilitar contratos en el país magrebí a cambio de comisiones. Con tal objetivo, supuestamente no dudaron en sobornar a altos funcionarios de ese gobierno.
Ambos son acusados de delitos de corrupción en los negocios, cohecho, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, por los que el fiscal, que sostiene que ambos “se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016", les reclama 18 años de cárcel y multas superiores a los 700.000 euros, así como el decomiso de más de dos millones y medio de euros.
