Un catedrático de Derecho Internacional, sobre las detenciones de Israel: "Lo hacen bajo el reconocimiento unilateral de que algo es suyo, cuando no lo es"

El Ejército israelí ha interceptado una veintena de barcos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 naves y unos 500 ciudadanos de diversas nacionalidades, que transporta ayuda humanitaria a Gaza. La GSF ha denunciado las "intercepciones israelíes ilegales" de sus barcos, mientras que la mitad de las embarcaciones sigues continúan navegando rumbo a Gaza.

¿Ha violado el estado de Israel el derecho internacional al interceptar y detener a los activistas? Para resolver las dudas legales ha pasado por los micrófonos de Hora 25 el catedrático de Derecho Internacional, Juanjo Álvarez. El experto ha comenzado recordando que las aguas en las que se está llevando a cabo la actuación hebrea no son aguas territoriales, es decir, no son aguas sobre las que Israel ejerza una soberanía.

"Estamos en lo que se llama zona de exclusión. Unilateralmente, los estados, según el derecho del mar, de manera excepcional, pueden decretar una zona de exclusión de todo paso, el llamado paso inocente, pero lo hacen o lo deben de hacer sobre aguas de su jurisdicción", explica Álvarez. En este caso, al ser Palestina un estado observador por no estar reconocido internacionalmente, no puede acudir al Tribunal de Hamburgo y decir que esas aguas son de Gaza.

Israel lleva a cabo estas detenciones al adjudicarse la soberanía sobre esas aguas y decretando esa zona de exclusión, la que le ampara para seguir adelante, independientemente del motivo por el que acuda la Flotilla. "Decide paralizar la entrada en tales aguas con este argumento, por tanto, lo hace partiendo de una ilegalidad en reconocimiento unilateral de que algo es suyo, cuando no lo es", insiste Álvarez.

Ahora, el gobierno de Israel, al declarar la zona de exclusión, ha obstaculizado el "paso inocente" reconocido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), y procediendo a la detención de los activistas a bordo de la Flotilla. "Una medida jurídica proporcional conduciría a deportar a esas personas de manera correcta y con un trato correcto. No hay una jurisdicción penal porque no han puesto en peligro la seguridad nacional, ni el interés público de Israel. Es un acto simbólico y no tiene fundamento jurídico para una eventual sanción penal", recalca.