Luz verde al nuevo decreto para frenar las 'universidades chiringuito': las agencias de calidad tendrán la última palabra para su puesta en marcha

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente este martes el Real Decreto que regulará la creación y el reconocimiento de nuevas universidades en España, tanto públicas como privadas. Un conjunto de nuevos requisitos encaminados a frenar lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el pasado mes de marzo como "chiringuitos educativos", aquellas universidades que no garantizan unos mínimos de calidad en la enseñanza.

"La opción preferida sigue siendo la pública frente a la privada, pero las universidades públicas no tienen suficientes que ofrecer por la infrafinanciación autonómica", ha explicado este martes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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"Estamos muy preocupados porque en un futuro se vuelva a esa España en la que solo pueda estudiar aquel al que sus familias se lo puedan pagar", ha añadido Morant.

Una vez que entre en vigor este decreto, que actualiza el de 2021, la calidad del proyecto será el eje que vertebre la posibilidad de que se pongan en marcha nuevas universidades en España. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria (ANECA) o las agencias de evaluación autonómicas, en el caso de las comunidades que cuenten con esta figura, serán las que decidan.

Si el informe obligatorio de estas agencias es favorable al proyecto, habrá luz verde. Si es desfavorable, el proyecto morirá. Habrá también, como hasta ahora, un informe técnico del Ministerio de Universidades que será preceptivo pero no vinculante. Es decir, que un proyecto que cuente con el visto bueno de la ANECA pero un informe desfavorable del Ministerio podrá continuar con su tramitación.

"Reforzamos los requisitos de calidad que deben cumplir las universidades", ha añadido la ministra.

En el caso de las universidades de docencia a distancia, consideradas en el nuevo decreto como universidades de especiales características, al entenderse que su ámbito de actuación comprende todo el territorio nacional, su tramitación parlamentaria estará en manos de las Cortes Generales y no de las comunidades autónomas como hasta ahora.

Esto será así por norma general salvo en tres excepciones:

• Si las universidades se guían por los precios públicos.
• Si tienen un mínimo del 20% de financiación pública autonómica.
• Si imparten la mayoría de titulaciones en una lengua cooficial que no sea el castellano.

En estos tres últimos casos no será necesario el trámite de Congreso y Senado, sino únicamente el procedimiento estipulado por las comunidades autónomas donde se asienten.

Nuevos requisitos

Para dar luz verde a los nuevos proyectos, las administraciones y las agencias de evaluación de la calidad universitaria tendrán que velar por los requisitos que establece este real decreto actualizado. Entre otros, alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos en seis años o contar con una cantidad de alojamientos equivalentes al 10% del total de estudiantes matriculados a los tres años de su puesta en marcha.

Se exigirá además un número mínimo de oferta educativa en Grado, Máster y Doctorado y contar con un 50% de profesorado doctor que en su mayoría tenga al menos un sexenio de investigación.

La práctica investigadora, que junto a la docencia es la otra gran seña de identidad de las universidades, también estará sometida a unos mínimos a partir de ahora. Las nuevas universidades tendrán que dedicar un mínimo del 5% del presupuesto total a proyectos de investigación y deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación, incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El Gobierno renuncia a aumentar su control

A pesar de que se había contemplado en la redacción inicial del borrador de este Real Decreto, finalmente el Ministerio no tendrá la última palabra para decidir si una universidad amplía su oferta formativa o si abre un centro adscrito. Su informe técnico ya no será vinculante como se especificó en la primera redacción del decreto. Serán, por tanto, las comunidades autónomas las que tengan la última palabra en estas ampliaciones. Fuentes del ministerio aseguran que se ha cambiado esta posibilidad tras el informe del Consejo de Estado que lo recomendaba. Además, no se exigirá a los promotores de las nuevas universidades experiencia previa en este ámbito. La experiencia solo se pedirá al equipo directivo de ese nuevo centro.