España importa el modelo de grandes tenedores de vivienda sociales

Madrid

Las 'housing associations' son empresas sin ánimo de lucro que ofrecen alquileres de viviendas asequibles. Son grandes tenedores de pisos, pero con un fin social: no hacen negocio con ellos o lo hacen de forma limitada. Un modelo muy extendido en países con una fuerte tradición en vivienda social, donde ha conseguido bajar notablemente los alquileres, y que empieza a dar sus primeros pasos en España.

"Son entidades muy habituales en Europa, en países como Austria, Países Bajos o Reino Unido, y que tienen un objetivo muy claro, que es adquirir, rehabilitar y gestionar vivienda para ofrecerla en alquiler asequible y estable a largo plazo", explica a la Cadena SER Eduardo Gutiérrez Sanz, codirector general de Provivienda.

Esta organización ha creado Lumvra, la primera 'housing association' de ámbito estatal en España. "Todo lo que ingresamos en alquiler lo reinvertimos en más viviendas asequibles. Es un modelo que garantiza precios justos y sostenibles en el tiempo, evitando la especulación", comenta.

La entidad dispone ya de 107 viviendas en propiedad, adquiridas a través de la colaboración pública y privada, y su objetivo es seguir creciendo. "Combinamos una parte de subvención pública [de las administraciones central y autonómica], también estamos colaborando con un socio estratégico que es Fiare Banca Ética, que nos presta dinero, y luego tenemos una comunidad de 50 personas y entidades jurídicas que nos prestan también su dinero a cambio de un retorno moderado, y eso nos permite generar más escala", indica Gutiérrez.

Según explica, el 25% del parque de vivienda austríaco está gestionado por estas entidades sin lucro y estudios realizados en Viena demuestran que un aumento en un 10% en este tipo de vivienda consigue reducir un 5% el precio medio del alquiler en el mercado. Aunque para ello es necesario un elevado número de pisos en manos de estas entidades. En España, Lumvra tiene en marcha proyectos en Castilla-La Mancha y en Canarias.

En el archipiélago ofrecen 76 viviendas con un alquiler medio de unos 830 euros mensuales "cuando en el mercado están en 1.100". Los últimos inquilinos, de 66 y 67 años, han firmado un contrato de alquiler de un piso de 77 metros cuadrados por una renta de 399 euros al mes, después de pasar muchos años viviendo en la calle.

Falta un paraguas legal estatal

Para Javier Burón, director de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvisa), las 'housing associations' son una fórmula más para la administración para facilitar el acceso a la vivienda y tienen un potencial de crecimiento "inmenso" en España. "No tenemos este sector y esto es una fragilidad estructural, porque los sistemas que mejor funcionan combinan intervención pública con este tipo de colaboraciones público-privadas", afirma.

En su opinión, estamos en un momento interesante y fructífero para este tipo de entidades: "Una parte en el sector público está por la labor, y en el sector privado empieza a ver profesionales y empresas, e incluso capital -aunque de lo que más carecemos es de capital- con ganas de establecerse en lo que en su terminología llaman 'affordable rent' [alquiler asequible]".

Lo que más falta hace, explica, es una definición legal y fiscal de ámbito estatal. "Son entidades, en general, catalanas, vascas, navarras... alguna cosa en Madrid, y poco más. Y necesitamos que esto esté presente en el territorio en general", señala Burón, exgerente de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau.

Ante este modelo, su única prevención es determinar "cuál es el beneficio razonable lícito que un operador privado puede obtener gestionando vivienda protegida si ha tenido acceso a muchos medios públicos". La solución, dice, pasa por "trazar unas reglas del juego en las que ese beneficio sea tranquilo, seguro y estable, pero no especulativo.

Y para eso, el sector público tiene todo tipo de técnicas e instrumentos a su disposición para poder hacer las cosas bien". Según explica, en Austria este tipo de empresas pueden repartir entre sus propietarios el 3% de los beneficios anuales y en Países Bajos nada, todo debe reinvertirse en la compañía.

En su opinión, estas entidades deben formar parte de un ecosistema de proveedores de vivienda con un requisito fundamental: que las viviendas protegidas tengan esta calificación de por vida. "Si la vivienda protegida se descalifica, ni la pública ni la privada tienen un uso infraestructural al servicio del país", asegura Burón, autor del libro 'El problema de la vivienda' (Arpa Editores).