El Gobierno aprueba más medidas para los afectados un año después de la DANA
El Ejecutivo también ha dado luz verde a la reforma que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales
Madrid
El Gobierno ha aprobado este martes más medidas, de carácter económico, para los afectados por la DANA cuando este 29 de octubre se cumple un año de la tragedia.
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevas medidas de carácter económico en apoyo a los afectados de la DANA en el marco de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana.
El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA.
El objetivo del Gobierno consiste en "reforzar la respuesta, además de demostrar el compromiso del Gobierno con la población y los territorios afectados", señalan.
En concreto, se aprueban más medidas de apoyo a la población afectada mediante la ampliación de los plazos para obtener las ayudas del Plan Reinicia Auto+, que tiene como objetivo conceder ayudas dirigidas incentivar la adquisición en España de vehículos (turismos, furgonetas o camiones ligeros y motos) que sustituyan a los vehículos asegurados siniestrados por los efectos de DANA.
También se han aprobado nuevos créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de apoyo a la actividad industrial y turística o para realizar actuaciones en municipios afectados por la DANA, que han sido detallados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Reforma de la Lecrim
El Gobierno ha aprobado también el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una reforma legal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, aparta de las acusaciones populares a los partidos políticos y reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal, fijando la duración del mandato del fiscal general del Estado en cinco años.
De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez adapta la legislación española a la de la mayoría de países europeos, donde la instrucción de las causas judiciales la dirigen los fiscales y los jueces instructores únicamente velan por que se cumplan derechos fundamentales.
Sin embargo, en el caso de España, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, de ahí que la mayoría de las quejas respecto a esta reforma se centren en la posible falta de independencia y politización.
En este sentido, la Lecrim creará la figura del "juez de garantías", que, según explicó la pasada semana el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal". Y defendió que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".
Otra de las novedades es la regulación de la acusación popular, que con esta reforma de la ley en vigor, de 1882, deja fuera a los partidos políticos, sindicatos o asociaciones que dependan de ellos.
