Radiografía del aborto en España: cómo cambia la forma de ejercer el derecho según la Comunidad

Madrid

El debate en torno el derecho al aborto ha vuelto a emerger esta semana tras la polémica generada después de que la Comunidad de Madrid se negase a crear el registro de objetores para el aborto.

El plazo que el Gobierno había dado al Ejecutivo de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, finalizaba este viernes y ya el sábado Sanidad anunció que llevaría a la Comunidad de Madrid a los tribunales. De hecho, había sido precisamente el Gobierno de Ayuso quien había asegurado que no entregaría dicho registro a no ser que se lo exigiese un tribunal.

"No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan ni tampoco a los que practican aborto o no practican aborto", dijo en un acto el viernes la Consejera de Sanidad.

La polémica en la Comunidad de Madrid ha hecho resurgir, por tanto, un debate, que hace resurgir también la cuestión de cómo se ejerce el derecho al aborto en España.

Madrid, a la cola

El objetivo del ministerio de Sanidad ha sido, desde el primer momento, que todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en el plazo legalmente establecido puedan hacerlo por la Sanidad pública. Una cuestión en la que la Comunidad de Madrid se sitúa a la cola, con el 99,5% de los abortos realizándose en la privada.

Este dato no quiere decir que la mujer deba pagar de su bolsillo dicha intervención, sino que la Sanidad pública deriva la gestión a la privada.

A la Comunidad de Madrid se suman otras como Andalucía, Murcia o Castilla La Mancha, con porcentajes muy elevados. Otras como Extremadura o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son, directamente, el 100% las mujeres que realizan abortos en la Sanidad privada.

La otra cara de la moneda

En el lado opuesto, esto es, las mujeres que interrumpen su embarazo en la Sanidad pública, se encuentran otras como Cantabria, con un 90% de las mujeres abortando en el servicio público.

En el caso de Galicia, La Rioja o Navarra este porcentaje se reduce un poco, pero continúa siendo elevado, con el 70% de las mujeres de la Comunidad que abortan haciéndolo en la Sanidad pública.