La Unión Progresista de Fiscales denuncia la falta de garantías en el juicio a García Ortiz: "Nadie tiene que demostrar que es inocente"

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia condenatoria ha sido publicada 19 días después del adelanto del fallo. También ha contado con el voto particular de dos magistradas que consideran que no hay indicios de que García Ortiz filtrara el correo.

Además, creen que la nota de prensa que difundió la Fiscalía no es delictiva. Una nota de prensa que la sentencia asegura que "consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa". Los magistrados que firman la resolución considera que existe un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que lleva necesariamente a afirmar que fue Álvaro García Ortiz o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER.

Las asociaciones de fiscales han recibido la noticia de distinta manera. La Unión Progresista de Fiscales critica que García Ortiz no ha contado con las garantías procesales de un juicio, mientras la Asociación de Fiscales celebra la condena al ex fiscal general. El presidente de la UPF, Félix Martín, ha reaccionado en Hora 25 a la condena.

-¿Cómo definiría la sentencia que hoy hemos conocido?

Voy a hacer dos apreciaciones iniciales. La primera es un mensaje institucional. La Unión Progresista de Fiscales siempre hemos fervientes defensores de las instituciones del Estado y del orden constitucional. Creemos firmemente en el Estado de derecho y en la separación de poderes. Respetamos las sentencias del TS. Disentir jurídicamente de una sentencia en una democracia no es faltar el respeto a nadie. Es ejercer con lealtad el derecho a la crítica jurídica. El análisis nos lleva a disentir profundamente de lo que ha acontecido estas tres semanas, es porque creemos en las instituciones.

He reflexionado mucho estas semanas. Esto va de todos, no solo de los políticos. Tenemos que garantizar a los ciudadanos que el que se sienta ante un juez tendrá un proceso justo, prudente y con todas las garantías. Nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. La justicia no solo tiene que ser justa porque emane del TS, tiene que parecer justa. Cuando hay prisas, decisiones sin explicar o rebaja de los estándares de garantías, que es lo que vemos en esta sentencia, esto afecta a cualquier ciudadano. Lo que tenemos que decir a la ciudadanía es que se ha vulnerado la presunción de inocencia de un ciudadano que además es fiscal general porque la condena se ha basado en una hipótesis de probabilidad y se ha invertido la carga de la prueba. No se han cumplido en este proceso algunas de las garantías del acusado.

-¿Queda tocada la credibilidad de la justicia?

Creemos que España es una democracia madura y avanzada, con resortes suficientes para resolver los defectos que puede incurrir cualquier tribunal. Esto es grave y nos preocupa enormemente, pero manifestamos nuestra confianza. El mejor homenaje que UPF puede rendir a un hombre inocente es creer en el sistema de garantías del que nos hemos dotado. Queremos dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Hay que apoyar al fiscal general en los procedimientos judiciales en los que recurra esta sentencia. Hay que asumir la bandera del reformismo, es necesario hacer reformas para corregir desequilibrios sistémicos. Se ha evidenciado en este proceso. No es normal que García Ortiz haya tardado 19 días en conocer por qué se le condena.

- ¿Me está diciendo que confían en que el Constitucional dictamine que se han vulnerado derechos de García Ortiz?

No le pongo una traducción de un tribunal, sino de los medios procesales existentes. Lo más evidente es que los estándares de garantías se han reducido. No se puede permitir que se devalúe probatoriamente los testimonios de los periodistas porque se acojan al secreto profesional. Tenemos la convicción de que existen mecanismos para corregir el error manifiesto del Tribunal Supremo.

- ¿Decía que hay elementos que le chirrían de esta sentencia, cuál le parece más inexplicable?

Sobre todo, la presunción contra reo en todo momento. En todos los momentos en los que el tribunal tenía dos opciones, cogía la peor para el acusado. El Supremo analiza que había otras hipótesis alternativas, pero como consideran que la suya es la más probable, solo por eso la considera probada. Tiene que descartar probatoriamente las otras hipótesis para llegar a la conclusión de que una es la correcta. El voto particular dice que las hipótesis alternativas son igual de plausibles que la elegida. ¿Por qué se llegan a descartar? Para los magistrados que han dictado la sentencia, la nota es delictiva, mientras el voto particular defiende que no solo no lo es, sino que era "obligada", porque si no atacaban la actuación de la Fiscalía. Lo que para unos es un delito, para otros es una obligación del fiscal general. ¿Creen que con esto se puede condenar?

Por su parte, para Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la sentencia es justa. Ha indicado la fiscal en Hora 25 que el trasfondo político "ha empozoñado" el juicio y provocado la existencia de dos bandos que se han comportado por momentos "como auténticos hooligans".

- ¿Entiende de algún modo las críticas de su colega? ¿Qué le diría a los ciudadanos que no entienden la sentencia?

Lo primero es abstraerse del ruido mediático y los juicios paralelos y hablar de un aspecto más técnico de lo que ha ocurrido hoy. Es una sentencia basada en una serie de indicios que están siendo aportados por el Tribunal para conocimiento de la persona enjuiciada y los ciudadanos. Más allá de eso está el trasfondo político que ha tenido el asunto, y eso ha emponzoñado mucho. Hace que pueda haber bandos en un momento determinado, e incluso la apariencia de auténticos hooligans.

- ¿Le parece bien argumentada la sentencia?

Me parece que se hace un esfuerzo por desgranar todo los indicios existentes, invalidar aquella oposición que se hace por la defensa respecto de las pruebas aportadas por la acusación y, al final, llegó a la conclusión. En este caso, a una conclusión de condena. Como asociación nunca nos hemos posicionado en este procedimiento, hemos sido respetuosos con la presunción de inocencia y eso es lo que debe trasladarse a la ciudadanía. Los profesionales del derecho no estamos haciendo sangre, estamos estudiando una resolución del Tribunal Supremo.

- ¿Cree que se van a poder curar las heridas de la fiscalía?

Las heridas en la Fiscalía no se han producido. Es verdad que algunos compañeros han mostrado una adhesión a Álvaro García Ortiz, pero la mayoría de compañeros hemos sido escrupulosamente respetuosos con el procedimiento y estamos asumiendo la sentencia de condena. Creo que la mayoría de nuestros compañeros no tenían especial interés o inquina para que se condenara al fiscal general del Estado.

Ahora bien, una sentencia después de la celebración de un juicio, con una fundamentación y basada en el derecho, se asume esa condena. Ha sido una época desgraciada para la Fiscalía y creo que, si Álvaro García Ortiz hubiera dimitido, la situación no hubiera tenido estos tintes dramáticos para la reputación de la Fiscalía porque no hubiera tenido el eco mediático que ha tenido ni la respuesta por parte de responsables políticos que está teniendo. Por tanto, la institución hubiera quedado más resguardada. Considero que eso hubiera sido lo mejor para proteger a la institución.