Las comunicaciones judiciales pendientes caen un 36% en tribunales donde rige ya la Ley de Eficiencia

Madrid

Los tribunales de siete comunidades autónomas donde ya rige la Ley de Eficiencia han visto reducirse de media un 36% las comunicaciones judiciales que estaban pendientes, como los requerimientos, según las cifras que maneja el Ministerio de Justicia y que hoy se expondrán en la Conferencia Sectorial del ramo con las comunidades autónomas.

La cita tendrá lugar a días de que entre en vigor la tercera y última fase de la norma que transforma los 3.800 juzgados unipersonales que existen en el territorio nacional en 431 tribunales de instancia, órganos colegiados donde el trabajo se divide en secciones especializadas y se comparte una única Oficina Judicial.

Tras la segunda fase, que arrancó el pasado octubre, son en torno a 315 los tribunales de instancia que ya se han constituido. A partir del 31 de diciembre se sumará un centenar más, incluida la Audiencia Nacional, reconvertida en Tribunal Central de Instancia.

Los datos que maneja el Ministerio de Justicia, correspondientes a tribunales de instancia constituidos desde el 1 de julio en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia apuntan a una caída media del 30% en las admisiones de las ejecuciones de resoluciones judiciales pendientes.

Para hacer una primera aproximación al resultado de esta reorganización del sistema, Justicia ha recogido datos de indicadores como las comunicaciones pendientes en los juzgados. Es una aproximación preliminar procedente de los tribunales de instancia constituidos desde el 1 de julio en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Catalunya, Comunitat Valenciana y Murcia.

El resultado en este punto es una caída del 36% de media. En Andalucía la caída es del 43,8%, en la Comunitat Valenciana un 34% y en Canarias, un 22%, de acuerdo a las cifras de Justicia a las que tuvo acceso la Cadena SER.

Mientras, ha bajado asimismo la pendencia de las resoluciones de admisión de las demandas de ejecución de las sentencias (el proceso por el que se solicita al juzgado que haga cumplir una resolución ya firme). En Andalucía esa reducción alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha es del 55%, en Catalunya y Comunitat Valenciana es del 55% y en Región de Murcia, del 15%. La media está así en un 30%.

Otro de los cambios que introdujo la Ley de Eficiencia fue la imposición de un acto de mediación previo a la interposición de demandas en la jurisdicción civil -acudir a los MASC-. Según las cifras de Justicia, en el tercer trimestre de 2025 cayeron un 30,9% los nuevos litigios en este orden.

Bolaños abre la puerta a moratorias

Asociaciones de jueces y algunas comunidades autónomas se mantienen críticas respecto de la velocidad de implantación de la Ley de Eficiencia y su dotación presupuestaria, asunto que volverá a estar sobre la mesa en la Conferencia Sectorial.

En la última celebrada sobre este asunto, el pasado mes de octubre en Barcelona, los consejeros del PP dieron plantón al ministro y se levantaron de la mesa sin que hubiese comenzado el debate porque no se habían incluido una serie de puntos en el orden del día que reclamaban. En esta ocasión, la reunión se celebrará de manera telemática.

Los 'populares' vienen vaticinando un "colapso" del sistema judicial con la reforma y cargan contra la falta de dotación presupuestaria y los plazos de implementación. En Justicia ya han avanzado que se concederán prórrogas a las comunidades que así lo soliciten e inciden que la inversión ha superado los 325 millones de euros en las 12 autonomías con competencias propias.