La Fiscalía acusa al Supremo de condenar al fiscal general García Ortiz por una "filtración inexistente"

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado el incidente de nulidad contra la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz por la filtración del documento en el que novio de Isabel Díaz Ayuso confesaba sus delitos fiscales.

El escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso la Cadena SER, acusa al tribunal de condenar a García Ortiz por una "filtración inexistente", fruto de "una incomprensible e incompleta selección de los hechos acreditados". La sala, subraya, "consideran típica una conducta que excede del código penal, crea un tipo delictivo, lo que le está vedado y por ello vulnera el principio de legalidad penal" porque el secreto ya estaba divulgado antes de que desde la Fiscalía General se hiciera pública una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue la fiscalía quien había ofrecido un pacto al novio de Ayuso cuando todo sucedió al revés.

El incidente de nulidad considera que la sentencia prescinde "sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo y también omite todas las corroboraciones documentales de las informaciones que se desprendían del testimonio de los periodistas del El País y del extremo de que no hubo en aquella noche ningún contacto telefónico del señor García Ortiz con ningún periodista" para sustentar la condena. Los periodistas que declararon como testigos acreditaron que estaban en posesión del correo investigado antes de que lo recibiera García Ortiz. Es decir, "cuando el correo llegó al Fiscal General del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado, aunque la sentencia lo omite".

El escrito justifica las "inusitadas prisas" del exjefe del ministerio público

El escrito justifica las "inusitadas prisas" del exjefe del ministerio público por recabar el cruce de correos para desmentir el bulo que fabricó y reconoció fabricar Miguel Ángel Rodríguez de que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto a Alberto González Amador y no al revés. Era "un asunto de indudable relevancia", dice, porque "se atribuía a la Fiscalía que estaba actuando por motivos políticos y que los hechos carecían de todo sustrato fáctico.

Estas insidiosas y calumniosas informaciones contaban con el apoyo y aportación de medios por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid". Rodríguez y Amador hicieron una "divulgación sesgada y mendaz de la contestación emitida por la Fiscalía. Dicha sesgada y falaz divulgación se acabó completando con la difusión de una información confeccionada y difundida por el Gabinete de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en la que se atribuía un comportamiento delictivo al propio Fiscal General de Estado".