El fiscal vapulea la "anómala" investigación del juez Peinado

Madrid

El juez que investiga a la mujer del Presidente del Gobierno ha dado traslado a las partes del tomo 27 de un sumario que abrió hace 20 meses para investigar la actividad profesional de Begoña Gómez a la que atribuye cinco delitos en contra del criterio de la Fiscalía.

El tomo recoge los recursos del fiscal del caso que revela en cada uno de ellos las irregularidades en la instrucción. El fiscal José Manuel San Baldomero ha recurrido la petición que ha hecho Peinado a la Universidad Complutense para que le informe si hace falta algún tipo de cualificación profesional para firmar pliegos de contratos como hizo Begoña Gómez.

Al juez no le han servido las explicaciones de los testigos que han avalado esta práctica y ahora hace ese movimiento para confirmar o descartar el delito de intrusismo que investiga. El fiscal le reprocha que acuerde esta diligencia sin que nadie se lo pida y le dice que "no resulta aceptable hacer a estas alturas esta comprobación cuando lleva más de un año investigando este delito. ¿Cómo puede acordarse esta diligencia para comprobar si hay o no delito cuando se viene sosteniendo la respuesta afirmativa en diferentes resoluciones?"

El Ministerio Público recuerda en todos sus escritos que en el procedimiento del jurado son las partes las que piden las diligencias y no el juez. Sin embargo, en este caso añade, "se nos ha dicho que el juez es soberano y es a quien le corresponde dirigir el procedimiento".

El fiscal también revela las irregularidades en la tramitación de los recursos que terminaron con el archivo de la investigación al delegado de gobierno en Madrid. Juan Carlos Peinado se negó a resolver los recursos que se le presentaron porque el fiscal lo interpuso directamente ante la Audiencia de Madrid que terminó archivando la imputación de Francisco Martín.

José Manuel San Baldomero escribe que esta es una decisión que "carece de precedente conocido, anómala, una dejación de funciones" que choca con su actuación desde el inicio que ha sido la contraria: "paralizar los recursos de reforma durante meses" para practicar diligencias de investigación "sin que haya supuesto problema alguno".