Las nuevas acusaciones contra Julio Iglesias reactivan el debate sobre el abuso de poder en la música
El caso del cantante español se suma a una larga lista de acusaciones y condenas que han marcado a figuras destacadas de la industria musical nacional e internacional
El abuso de poder en la música: por qué tantos testimonios quedan sin respuesta legal
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Madrid
Las recientes denuncias que han salido a la luz contra Julio Iglesias han vuelto a poner el foco en una problemática dentro de la industria musical: el abuso de poder por parte de artistas consagrados y las dificultades para que los testimonios deriven en procesos judiciales.
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El caso de Iglesias recuerda a otros precedentes conocidos, como el de Plácido Domingo, acusado en 2019 por más de una veintena de mujeres de comportamientos inapropiados. Aunque nunca hubo una denuncia formal ni el asunto llegó a los tribunales, el tenor pidió perdón públicamente, un gesto que más tarde matizó al afirmar que disculparse no equivalía a admitir un abuso.
Abusos en el rap español
Y otro de los escándalos más recientes ha sido en el mundo del rap español, de la mano de los gemelos Ayax y Prok, señalados en octubre de 2024 por más de 80 testimonios anónimos que los acusaban de presuntos abusos sexuales. Las denuncias, difundidas por la periodista Cristina Fallarás y la cuenta "Denuncias Granada", tuvieron un fuerte impacto profesional: cancelaciones de conciertos y la retirada de su imagen por parte de su agencia. Aun así, no hay denuncias ni juicios formales.
En el ámbito internacional, el cantante Jay-Z y el rapero Puff Daddy fueron denunciados en 2024 por una supuesta violación a una niña de 13 años en el año 2000.La denuncia fue retirada meses después, aunque Puff Daddy sí que fue condenado en 2025 a más de cuatro años de prisión por transporte de personas para ejercer la prostitución, tras un juicio en el que declararon 34 testigos.
En España también destaca la condena al cantaor Diego El Cigala, condenado por la Audiencia de Cádiz a dos años de cárcel por malos tratos cometidos a su expareja en 2014. Son varios los delitos de agresión que han quedado recogidos en la sentencia, ocurriendo uno de ellos en presencia de sus hijos en el domicilio familiar. Tiene una orden de alejamiento a la víctima de 200 metros.
