Sancionar a un juez: qué se castiga, qué no y cómo funciona el "asuntos internos" del Poder Judicial

Madrid

¿Se puede sancionar a un juez por lo que dice o hace? El asunto, tema Guadiana, ha vuelto a la actualidad tras los expedientes incoados al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por unas declaraciones sobre Irene Montero y al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara por llamar en Twitter "Barbigoña" a la esposa del presidente del Gobierno.

Como ha explicado la periodista Isabel Vega en su sección semanal El Banquillo de Hora 25, no todo es sancionable ni todo se resuelve por la misma vía. En el Poder Judicial conviven dos planos claramente diferenciados: el jurisdiccional y el disciplinario. Y confundirlos es habitual.

Dos planos distintos: decisiones y conducta

El plano jurisdiccional tiene que ver con las decisiones que adoptan los jueces en los procedimientos que tramitan, ya sean civiles, penales, contenciosos... Si una resolución no gusta, el mecanismo de control no es una queja disciplinaria, sino el recurso ante una instancia superior. Son otros jueces quienes revisan y, en su caso, corrigen esa decisión.

Solo cuando esa decisión traspasa una línea roja —por ejemplo, si se dicta una resolución injusta a sabiendas— se entra en el terreno penal, concretamente en un posible delito de prevaricación. Entonces ya no se trata de un recurso ni tampoco de una queja, entra en juego la denuncia o la querella y un procedimiento penal que puede acabar en condena, incluyendo penas de inhabilitación.

Un ejemplo muy conocido es el del juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad documental por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo expulsó de la carrera cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia.

Otro caso conocido es el de Francisco Serrano, que llegó a ser portavoz de Vox en Andalucía. Fue condenado por prevaricación tras intervenir indebidamente en un asunto de régimen de visitas que correspondía a un juzgado de violencia de género. Tras un complejo recorrido judicial que llegó hasta el Constitucional, su condena se quedó en dos años de inhabilitación y pudo reingresar en la carrera, aunque después, la dejó.

La vía disciplinaria: más de 40 conductas tipificadas

Al margen de esta esfera penal está la disciplinaria, regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que detalla toda una batería de conductas -son 39, aunque con lectura amplia- que pueden constituir faltas leves, graves o muy graves.

Entre las muy graves figuran militar en un partido político, provocar enfrentamientos graves con autoridades de la circunscripción o abusar de la condición de juez para obtener trato de favor, por ejemplo. Las graves incluyen faltas de respeto a superiores o ciudadanos, retrasos injustificados o abandono del servicio. Y las sanciones oscilan desde advertencias y multas de hasta 500 euros, hasta suspensión, traslado forzoso o separación del servicio.

La mayoría de los expedientes se inician por quejas ciudadanas. El CGPJ recibe entre 14.000 y 16.000 al año, aunque los primeros cálculos de 2025 apuntan a más de 20.000 debido a 'campañas' coordinadas contra determinados magistrados, como el instructor de la causa contra el fiscal general en el Supremo, Ángel Hurtado; el juez Adolfo Carretero por el tono de un interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá; o una jueza de violencia de género en Barcelona, según las fuentes que cita la periodista. Solo contra Carretero se registraron más de 5.000 quejas.

El 'asuntos internos' de los jueces

Esas quejas se reciben por vía telemática en la Unidad de Atención Ciudadana y todas se analizan y responden. Las que por su contenido, son homologables a denuncias, se remiten a otra unidad, la de Actuaciones Previas y, si afecta a un juez o magistrado, se le remite directamente al Promotor de la Acción Disciplinaria. Se trata de una figura clave en el Consejo General del Poder Judicial, como el 'asuntos internos' de la judicatura. Al recibir una de esas quejas, incoa unas diligencias informativas para analizar el contenido. En 2025 se abrieron alrededor de 800 diligencias.

Acabado este trabajo, el promotor propone dar carpetazo al asunto o abrir un expediente disciplinario y quien lo decide es la Comisión Permanente del CGPJ. Este órgano puede corregirle si propone un archivo y encomendarle que practique más averiguaciones o abre el expediente disciplinario, que es lo que ha ocurrido en los casos de Velasco y Ruiz de Lara. En el de Carretero las diligencias se archivaron.

Ese expediente funciona como una pequeña causa judicial: el juez afectado comparece con abogado, interviene un fiscal especializado y, tras la práctica de pruebas, se formula una propuesta de resolución que puede acabar en advertencia, multa, suspensión, traslado forzoso o incluso separación del servicio.

En 2024 se tramitaron 17 expedientes ante la Comisión Disciplinaria: 15 concluyeron con sanción. Hubo suspensiones de hasta cinco meses por retrasos reiterados y multas de entre 400 y 2.000 euros por revelación de datos o abuso de autoridad. Las expulsiones son excepcionales y, además, recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.

El caso del juez Manuel Arce, apodado "el juez más sancionado de España", ilustra esos límites. El Pleno del CGPJ acordó su expulsión tras acumular numerosos expedientes por desatención de funciones, pero el Supremo consideró desproporcionada la medida y la rebajó a tres años de suspensión.