La sanidad sigue sin ser universal en España: hay embarazadas que reciben una factura tras ir a urgencias

Madrid

Hace 14 años que el gobierno del Partido Popular decidió expulsar del sistema sanitario a las personas extranjeras en situación irregular, limitando su derechos al mínimo: las urgencias, el embarazo y la atención a menores. Intentar corregirlo fue una de las primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez, pero no está funcionando. Es la conclusión de un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por el Consejo de Colegios Farmacéuticos, que señala que la redacción del Real Decreto de 2018 es ambigua e imprecisa, lo que está dando lugar a distintas interpretaciones y, en definitiva, a barreras para personas que tienen derecho a esa atención. Fuentes de Sanidad confirman a la SER que confían en que un nuevo Real Decreto llegue este mismo mes de marzo al Consejo de Ministros.

Embarazadas y menores más desprotegidos y personas a las que se niega la atención en urgencias

La principal conclusión del informe presentado en Madrid es que la asistencia sanitaria a las personas migrantes es desigual en España por culpa de las distintas interpretaciones que hace cada territorio del Real Decreto Ley 7/2018. Y pone ejemplos concretos. "La norma no establece de forma explícita la atención para menores y embarazadas como sí lo hacía la norma anterior. En la práctica, su interpretación ha sido en ocasiones más restrictiva para estos colectivos especialmente vulnerables, llegando a negarles la atención".

En comunidades como Baleares o Galicia, señala el estudio, la atención a menores y mujeres embarazadas puede llegar a ser facturable. Estos documentos que relatan el coste de los servicios prestados tienen un efecto disuasorio sobre personas vulnerables y, aunque no lleguen a cobrarse, pueden provocar, como ha señalado el Defensor del Pueblo de Navarra, que no acudan a los servicios sanitarios cuando estén enfermas.

En el caso de la atención de urgencias, apunta el documento, la norma vigente tampoco especifica su obligatoriedad. Esto provoca que, en ocasiones, se exija el pago tras la asistencia o se deniegue directamente. Durante la presentación, en el III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha incidido en que "si queremos un sistema equitativo y sostenible tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria" y en el papel que juega la farmacia comunitaria en este sentido porque "acompaña a las personas, detecta necesidades y mejora la continuidad asistencial".

Razones éticas, pero también económicas: la exclusión nos cuesta dinero

Para quienes no resultan suficientes los motivos éticos y humanitarios que justifican garantizar el derecho a la salud de todas las personas, el informe recuerda que la exclusión de los migrantes cuesta dinero al sistema, "no reduce el gasto público, sino que lo traslada a recursos más costosos, como las urgencias o la atención hospitalaria evitable". Cita un estudio de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales que pone cifras al ahorro que permite el acceso regular a la atención preventiva: un 9% menos de gasto en un año, un 12-13% en cinco años y hasta un 16% a lo largo de la vida del paciente.

Sólo en España, entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024 Médicos del Mundo ha atendido a casi 30.000 personas que se encontraron con obstáculos para recibir atención médica o acceder a tratamientos esenciales. Casos, incluso, de desatención de enfermedades graves, como refleja su último Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS). "Durante estos 32 meses se han documentado 130 casos de cáncer, 138 de enfermedades cardiovasculares, 265 casos de diabetes, 279 casos de hipertensión, 162 casos de VIH, 224 de salud mental grave, 82 casos de enfermedades respiratorias, 97 casos de enfermedades degenerativas (entre las que se incluyen enfermedades como el alzhéimer o la esclerosis) o 43 casos de denegación de la interrupción voluntaria del embarazo entre otros". La organización ultima su siguiente informe en el que, según ha podido saber la Cadena SER, los datos siguen la misma tendencia: las barreras y la exclusión persisten en España, donde se está vulnerando, señalan, el derecho a la salud.

Sanidad confía en aprobar un nuevo Real Decreto este mes

Tanto el informe como el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica apuntan a que la solución a todo esto pasa por superar el Real Decreto en vigor y aprobar una normativa que de verdad armonice la atención a personas migrantes en todo el país. En estos momentos está en proceso de tramitación un Proyecto de Real Decreto con el que Sanidad busca desarrollar reglamentariamente el RDL actual y corregir la falta de homogeneidad en su aplicación. Fuentes de Sanidad confirman a la SER que confían en que el Real Decreto llegue este mismo mes de marzo al Consejo de Ministros. Organizaciones como Médicos del Mundo piden ir más allá y aprobar directamente una nueva ley que blinde el derecho a la salud de todas las personas que viven en España.