"Enterraré a todos los que tengo enfermos y no habré cotizado lo suficiente": la batalla de 100.000 mujeres por ser trabajadoras de pleno derecho

Madrid

La última vez que Aurelia salió a cenar fue un 14 de febrero de hace seis años. "Me llevé a mi hijo porque donde yo voy, va mi niño delante", apunta. Su niño se llama Alberto, tiene 19 años y cuando nació le diagnosticaron Síndrome de West secundario. En ese momento, la vida de Aurelia cambió para siempre; dejó su trabajo como cocinera y se convirtió en cuidadora. En una situación similar se encuentra María, cuyo marido tiene reconocida una gran invalidez derivada de una enfermedad neurodegenerativa. Con 30 años, abandonó la docencia para dedicarse a los cuidados las 24 horas del día. "Mi día a día es un infierno, está lleno de desesperanza, ya no soy persona", lamenta. Lleva 13 años así y, además, se hace cargo de sus tres hijos, dos de los cuales han heredado la enfermedad del padre.

Aurelia y María son cuidadoras no profesionales, un término que rechazan y que quieren sustituir por el de cuidadora principal. En 2019, el Estado volvió a cotizar por ellas; es decir, desde entonces la Administración se hace cargo del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estas mujeres. Hablamos en femenino porque el 87% de quienes desempeñan esta labor son mujeres. Este cambio provocó que los convenios especiales se duplicasen en apenas un mes, pasando de 7.306 en marzo de 2019 a 14.262 en abril. Este pasado mes de febrero se han superado los 100.000 (100.476 para ser exactos), según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Aurelia dejó de cotizar en su día porque le parecía "egoísta" detraer ese dinero de las necesidades de su hijo: "Con una prestación de 387 euros, no podía quitarle 200 euros para pagarme la pensión", se justifica. Por su parte, el marido de María no acude a un centro de día porque eso implicaría perder la prestación de cuidados en el hogar y ella dejaría de cotizar.

"Enterraré a todos los que tengo enfermos y no habré cotizado lo suficiente"

Para suscribir uno de estos convenios es necesario que la cuidadora no esté dada de alta en la Seguridad Social ni perciba prestación por desempleo. Además, la persona dependiente debe tener reconocida una prestación económica de dependencia. Esta medida, a priori positiva porque acerca a estas mujeres a una pensión de jubilación, está llena de lagunas.

Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el dependiente fallece y la cuidadora ronda los 60 años?, ¿quién va a contratar a una persona de esa edad, con el cuerpo destrozado y que lleva años fuera del mercado laboral?”, son cuestiones que plantean desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. La conversación con María está marcada por la desesperanza y, a la vez, por la entereza: "Es triste, pero enterraré a todos los que tengo enfermos, me veré abocada a un mercado laboral que ya no querrá contar conmigo y no habré cotizado lo suficiente".

Por ello, piden al Gobierno que las reconozca como trabajadoras de pleno derecho, lo que implicaría cobrar el salario mínimo, tener derecho a paro, bajas laborales y vacaciones. Por encima de sus propios derechos, sitúan los de sus familiares: exigen eliminar la incompatibilidad entre servicios y prestaciones para permitir una atención digna, completa y adecuada a quienes más lo necesitan.