El caso Forestalia, otro tiro en el pie

Madrid

No será necesario esperar en el caso Forestalia a que culmine el proceso judicial que determinará los hechos probados y sus responsabilidades para saber que habrá un antes y un después en el desarrollo de las energías renovables en nuestro país.

Las minuciosas pesquisas realizadas por la Guardia Civil y un juzgado de Teruel sobre el presunto trato de favor dado por las administraciones públicas a grandes proyectos eólicos impulsados por la empresa aragonesa muestran preocupantes indicios de mala gestión y de posibles conductas penalmente reprochables, que será la Justicia quien tendrá que establecer. Pero lo cierto es que no ha causado demasiada sorpresa la irrupción de un escándalo de este tipo, porque ya hace tiempo que se venía acumulando un creciente malestar entre muchos de los afectados por la veloz y a menudo atropellada forma en que nuestro país ha pasado a ser uno de los más avanzados en el despliegue de sistemas de energía eólica y fotovoltaica.

El éxito en esa necesaria transformación no ha podido ocultar que a veces se ha hecho sin establecer un diálogo pausado, bien informado y con vocación de acuerdo con todas las partes implicadas en el territorio (“partes” que no son otra cosa que personas: agricultores, ganaderos, emprendedores del turismo rural, vecinos preocupados por la desaparición del paisaje en el que han crecido). También ha habido partidarios, por supuesto, empezando por pequeños ayuntamientos para los que los ingresos fiscales de los molinos de viento permiten disponer de recursos para mejorar sus pueblos y evitar el riesgo de su abandono.

Como explica en su libro La Gran Oportunidad la politóloga y ambientalista de largo recorrido Cristina Monge, si ese proceso no se construye sobre parámetros de justicia, deliberación y acuerdo las posibilidades de fracaso son muy altas, porque las víctimas de esos “territorios de sacrificio” obligados a malvender sus recursos naturales y limitar su desarrollo futuro nunca dejarán de luchar por lo suyo. Y, cuando esto pasa en provincias como las de Teruel que ya pasaron hace décadas por procesos extractivos similares, la resistencia y el desapego están asegurados.

Habrá que ver también la repercusión que esto tendrá en el despliegue masivo, acelerado y con una gran falta de transparencia de la ola de centros de datos que se anuncian en todo el país y, de forma muy especial en Aragón, beneficiados además por la misma norma que permite acortar los plazos -y parece también que los controles a la vista de lo ocurrido con Forestalia- para su implantación.

Desde ese punto de vista, el caso Forestalia, cualquiera que sea su conclusión final, es ya una desgracia para el proceso de descarbonización de nuestro sistema energético y nuestra economía. Sirve para aumentar la desconfianza social y dar todavía más fuelle a la ultraderecha negacionista del cambio climático.

Además, esto ocurre en un momento especialmente delicado para las políticas verdes a escala europea. El negacionismo podía ser hasta ahora un problema interno, pero vivimos en un momento en que la principal potencia mundial tiene un gobierno que defiende con agresividad una economía que siga basada en el petróleo y el gas. La Unión Europea ya ha dado algunos lamentables pasos atrás, como en el caso de la automoción. Y la presidenta de la Comisión -sometida a una inexplicada transformación política- acaba de decir que fue un error no seguir desarrollando la energía nuclear.

Ya sabemos que vivimos tiempos oscuros, pero desalienta todavía más que nos peguemos sucesivos tiros en el pie en uno de los pocos ámbitos en que Europa tiene -¿tenía?- una bandera de futuro ambiciosa y diferenciada: el Pacto Verde para asegurar un desarrollo medioambientalmente sostenible y una economía con cero emisiones.