Medio millón de expedientes sin resolver y un refuerzo de 350 funcionarios: así llega la regularización extraordinaria de migrantes
El Consejo de Ministros aprueba este martes la séptima regularización extraordinaria de migrantes, que se podrá pedir desde este jueves hasta el 30 de junio
Vista de una oficina de Extranjería en Valladolid / NACHO GALLEGO (EFE)
Madrid
El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la séptima regularización extraordinaria de migrantes en España, que llega 21 años después de la anterior. Una vez que sea aprobada, la regularización podrá pedirse desde este jueves en oficinas de la Seguridad Social, de Correos y de Extranjería hasta el 30 de junio de 2026.
Según el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso la SER, que está previsto que se apruebe este martes en el primer Consejo de Ministros que preside el vicepresidente Carlos Cuerpo, finalmente se confirma que TRAGSA y Correos están autorizadas a gestionar y ayudar técnicamente a la prestación de las solicitudes, pero serán los funcionarios de extranjería los que validarán los expedientes.
Los requisitos para poder acogerse a esta séptima regularización de migrantes son acreditar al menos cinco meses de residencia en España hasta el 31 de diciembre del año pasado y carecer de antecedentes penales, esto para los que lo hagan por la vía del arraigo, a los que hay que sumar a los solicitantes de asilo o protección internacional.
Claves de la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes que va a aprobar el Gobierno
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350 funcionarios de refuerzo para todas las solicitudes
Según ha sabido la SER de fuentes ministeriales, un equipo reforzado de más de 350 funcionarios será el encargado de comprobar y validar toda la documentación de las solicitudes. Entre las características de esta autorización destaca que, "desde la comunicación de inicio de la tramitación, el solicitante estará habilitado provisionalmente a residir y trabajar −por cuenta ajena o por cuenta propia− hasta su resolución, cuyo plazo máximo será de tres meses".
El plazo de resolución parece muy optimista según abogados especializados porque, de hecho, según ha podido saber esta redacción, solo las oficinas de extranjería acumulan en estos momentos casi medio millón de expedientes sin resolver, más de 200.000 de ellos, de personas que lo han presentado por la vía del arraigo, es decir, de demostrar que llevan al menos dos años residiendo en nuestro país.
Además, para la vía de los solicitantes de asilo o protección, se acumulan otras 25.000 peticiones que la OAR, la oficina de asilo dependiente del Ministerio del Interior, tiene acumuladas.
Otra de las novedades de esta reforma es que, por primera vez, con el objetivo de agilizar el proceso, se crea una especie de UTE, de unión temporal de empresas, en este caso públicas, TRAGSA y Correos, que prestarán funciones de apoyo material y técnico para la preparación de los procedimientos para su resolución.
Se prevé que tanto las oficinas de Correos como las de la Seguridad Social en toda España refuercen personal y horarios para evitar colas y retrasos. "Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad", se argumenta en el texto al que ha tenido acceso la SER.
Sí se aprueba como está previsto este martes, y una vez publicada la reforma en el BOE este miércoles, desde este jueves se podrán presentar las solicitudes que, según estimaciones del Gobierno, podrían rondar las 500.000, aunque otros técnicos ministeriales reducen esta cifra a la mitad.
