PP y Vox ponen en marcha una ofensiva contra la regularización de migrantes del Gobierno

Madrid / Bruselas

La derecha y la ultraderecha han entrado en competición por abanderar la mayor oposición a la regularización que pondrá en marcha el Gobierno este martes. El PP, que ha endurecido su discurso migratorio en plena pugna con Vox, ha anunciado una ofensiva “judicial, política y parlamentaria” contra lo que consideran “una barbaridad”, pese a que en su día votaron a favor de la toma en consideración de una inicitiva legislativa y la Iglesia les ha pedido aceptarla.

Aunque los populares han defendido que solo apoyaron la tramitación porque llegaba con un amplio apoyo popular, en su momento, el portavoz de los populares Borja Sémper defendió que la regularización era necesaria. "Evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están trabajando, que no están cotizando ni tienen sus derechos sociosanitarios y laborales reconocidos. Y a estos seres humanos hay que darles una salida, faltaría más. Claro que sí, nosotros estamos a favor de esto", sostenían los populares en agosto de 2024.

Ahora, en plena competición con Vox, el PP ha puesto en marcha una campaña para frenar la medida, pese a que la Iglesia les ha pedido que la respalden. Fuentes populares aseguran que han hablado con la Conferencia Episcopal sobre su posición, pero que no van a cambiarla. Feijóo, hace solo unos días, volvió a repetir en un foro europeo en Barcelona que aspira a que “nadie abra las puertas masivamente a inmigrantes irregulares”.

El PP considera, como la ultraderecha, que la regularización supone "premiar" la ilegalidad. Aunque Vox va un paso más allá. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha anunciado que recurrirán el texto del Gobierno ante el Tribunal Supremo y que pedirán la suspensión cautelar.

La regularización, el último campo de batalla del PP en Bruselas contra el gobierno

La delegación española del PP ha impulsado una ofensiva contra la medida del gobierno llevando el asunto a la Eurocámara y con varias preguntas al comisario de interior, Magnus Brummer. Para los de Esteban González Pons, la regularización tendría difícil encaje en el marco europeo por su impacto en la libre circulación y los principios de Shengen. En sus intervenciones en la Eurocámara, la secretaria general del PP europeo, Dolors Monserrat, ha defendido que Sánchez pone en riesgo la seguridad de la UE con una regularización que "sabotea el Pacto de Migración y Asilo. Abre una brecha de seguridad en Schengen. Alimenta a las mafias. Y dispara el efecto llamada”.

Desde la Comisión repiten que es competencia exclusiva de los estados este tipo de regularizaciones, pero no escoden que no es la opción favorita para el ejecutivo comunitario. Bruselas ha insistido en que los Estados miembros deben asegurarse de que "sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión". Ha asegurado que el objetivo de la Comisión es que "la solidaridad y responsabilidad sean los principios rectores" de la política migratoria de la Unión. El comisario de interior, el popular austríaco Magnus Brunner, recordaba la semana pasada en una respuesta escrita a una pregunta del PP, que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió”.

La apelación a esta medida es recurrente en las intervenciones del PP español en la eurocámara, con un discurso que asocia migración y criminalidad que comparte con la extrema derecha en Estrasburgo. En cualquier caso, la medida del gobierno español deja sola a España y a contracorriente en esta materia: el resto de países de la UE, incluido los gobernados por socialdemócratas, no apuestan por este tipo de medidas.