Ayudas para jóvenes, presupuesto récord y un blindaje a la VPO para impedir su privatización: los cambios que trae el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el eje vertebrador de la política de vivienda de los próximos cinco años. El nuevo Plan Estatal 2026-2030 triplica la inversión de los anteriores hasta los 7.000 millones de euros —el 60% lo aportará la administración central y el 40% las comunidades autónomas—, la mayoría de los cuales irá destinada a construir vivienda pública y asequible.

El plan concreta tres objetivos principales: más vivienda pública, impulso a la rehabilitación y ayudas para la emancipación de los jóvenes, uno de los colectivos que más sufre la crisis de vivienda. "Romper con esa edad emancipación tardía de la juventud española es uno de los objetivos del plan", ha señalado la ministra Vivienda, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.

El 40% de los recursos del PEV están orientados a aumentar la oferta de vivienda pública y la blinda para siempre: la vivienda que se levante con financiación estatal nunca podrá pasar a manos privadas. "España construyó 2,5 millones de viviendas públicas con el esfuerzo de todos y que ya no son patrimonio de nadie. El plan garantiza que no nos pase lo que nos ha pasado.", explicaba este lunes en Hora 25 la ministra.

"Este plan en lo que se refiere al parque público, blinda el carácter público de estas viviendas y garantizamos que ni un euro de esta financiación va a ir dirigido a la especulación. [...] No valen parches y no hay varita mágica", ha vuelto a reiterar este martes.

Además, el Gobierno ha incorporado una 'cláusula antifraude' en los procesos de adjudicación de las viviendas públicas que reciban financiación estatal para evitar los escándalos que se han visto en municipios como Alicante, Alzira o Málaga.

El Plan destina el 30% de sus fondos a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente, a través de ayudas específicas para viviendas, edificios y entornos urbanos. En este sentido, se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios (hasta 8.000 euros por vivienda), para hacer las viviendas más accesibles (hasta 13.000 euros) y eficientes energéticamente. En este sentido, las ayudas serán de hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía, el tamaño de la vivienda y el coste.

Incorporar vivienda privada al parque público asequible

España cuenta con más de 3 millones de viviendas vacías y otras tantas infrautilizadas. Con el objetivo de movilizarlas —y ponerlas a disposición de la ciudadanía a precios inferiores a los que marca el mercado—, los propietarios que cedan a su CCAA una propiedad para que la pongan en alquiler asequible durante 7 años, recibirán una compensación económica por esta cesión.

Además, el Gobierno invertirá hasta 12.000 euros en reformarla si es necesario, rehabilitarla o hacerla accesible al inicio del alquiler. Al finalizar, se invertirán hasta 18.000 euros para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

Una batería de ayudas que desplegarán las comunidades autónomas

El plan pone en marcha una batería de ayudas para reducir la edad de emancipación de los jóvenes, "uno de los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda", aseguran desde el Ministerio. El plan lanza un paquete de ayudas destinadas a este colectivo. "El plan anterior contaba con menos recursos que este, es verdad que después fue mejorado, pero ahora triplicamos la inversión en las políticas de corresponsabilidad que vamos a llevar con las comunidades autónomas", apuntaba la ministra.

Se flexibilizan requisitos para acceder al bono joven del alquiler, que se amplía hasta 300 euros/mes; se lanzan ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes y una ayuda de alquiler con opción a compra en vivienda protegida de hasta 30.000 euros.

¿Qué pasa si las comunidades autónomas se niegan a aplicar el plan?

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han sido muy críticas con el despliegue del nuevo plan estatal, aunque desde el Ministerio de Vivienda confían en que terminen firmando los convenios para desplegarlo en sus territorios.

"El plan nace de consensos básicos y asumidos por la mayoría social y económica de nuestro país. Espero que lo apliquen. Además, quienes ya aplican la Ley de Vivienda van a recibir más fondos", explicaba ayer Rodríguez. En caso de no aplicarlo, las comunidades autónomas dejarían de recibir los fondos.