Jaime Palomera, experto: "El Plan de Vivienda reconoce que el mercado no funciona, pero no interviene lo suficiente"

Madrid

El Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que triplica la inversión respecto a los anteriores y que busca reforzar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda en los próximos años. La intención es ponerlo en marcha este mismo año, tal y como ha avanzado el periodista Jordi Fàbrega en La Ventana, el objetivo es empezar a desplegar sus medidas en los próximos meses.

El plan moviliza 7.000 millones de euros, financiados en un 60% por la administración central y en un 40% por las comunidades autónomas. La mayor parte de estos recursos se destinará a la construcción de vivienda pública y asequible, así como a la rehabilitación de inmuebles ya existentes y a facilitar la emancipación de jóvenes.

Entre las medidas más relevantes figura el blindaje permanente de la vivienda protegida que reciba financiación pública, lo que impedirá que pueda venderse posteriormente en el mercado libre. Según el Ejecutivo, esta medida pretende evitar que las promociones públicas acaben convirtiéndose en viviendas privadas con el paso del tiempo.

Blindaje de la vivienda protegida y ayudas a jóvenes

El nuevo plan establece tres grandes ejes: aumentar la oferta de vivienda pública, impulsar la rehabilitación del parque existente y facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes.

El 40% de los recursos se destinará a incrementar el número de viviendas públicas y garantizar que estas mantengan su carácter protegido de forma indefinida. Además, se incorpora una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación para evitar irregularidades como las detectadas en municipios como Alicante, Alzira o Málaga.

En materia de rehabilitación, el plan reserva el 30% del presupuesto a la mejora de viviendas y edificios, con ayudas dirigidas a actuaciones estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética.

También se flexibilizan los requisitos para acceder al bono joven del alquiler, que podrá alcanzar hasta 300 euros mensuales, y se incluyen ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes menores de 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios pequeños.

Sin embargo, la aplicación del plan dependerá en gran medida de las comunidades autónomas, responsables de ejecutar las políticas de vivienda en sus territorios.

Rechazo político y negociación con las comunidades

La puesta en marcha del plan ya ha generado fricciones políticas. Algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, han mostrado su rechazo frontal al modelo planteado por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno regional se critica que el plan introduce un mayor grado de intervención estatal y condiciona la entrega de fondos al cumplimiento de determinadas condiciones, algo que no ocurría en planes anteriores. Entre las medidas más cuestionadas figura la obligación de aportar el 40% del presupuesto autonómico para acceder a los fondos estatales y la creación de registros compartidos de vivienda.

El futuro del plan dependerá ahora de la firma de convenios entre el Ministerio y cada comunidad autónoma. Si no se alcanza un acuerdo, los fondos previstos para esos territorios no podrán ejecutarse.

La ministra confía en que, pese a las discrepancias iniciales, las comunidades terminen suscribiendo los acuerdos necesarios para desplegar el plan en la segunda mitad del año.

"Una política de corrección, no de transformación"

Uno de los análisis más críticos llega desde el ámbito académico y social. El investigador del Instituto de Investigación Urbana (IDRA) y autor del ensayo El secuestro de la vivienda, Jaime Palomera, considera que el plan introduce avances, pero no supone un cambio estructural.

"El plan va en una dirección parcialmente correcta, hay un intento de cambiar el rumbo, pero sigue siendo insuficiente", afirma. A su juicio, el blindaje permanente de la vivienda protegida es una de las medidas más relevantes, aunque advierte de que la inversión todavía está "lejos de la escala necesaria para cambiar el problema".

Palomera sostiene que el plan reconoce implícitamente que el mercado inmobiliario no está funcionando correctamente, pero lamenta que no se haya apostado por una intervención más contundente. "Estamos en una política de corrección, no de transformación", resume.

El investigador recuerda que durante décadas el modelo español se basó en incentivar la propiedad privada y dejar que el mercado liderara la construcción de vivienda. Sin embargo, ese sistema ha terminado generando una sociedad en la que cada vez es más difícil acceder a una vivienda, especialmente para los jóvenes.

En su opinión, existen ejemplos europeos que demuestran que es posible aplicar políticas más estrictas. Países como Austria o Dinamarca combinan regulaciones fuertes del mercado con una amplia oferta de vivienda pública, lo que contribuye a estabilizar precios y evitar la especulación. Es decir, existen soluciones posibles para la problemática en España.

Ibiza, el reflejo de la presión del mercado

Mientras el plan estatal inicia su recorrido político, la realidad del acceso a la vivienda se hace visible en lugares como Ibiza, donde se ha producido el desalojo de un asentamiento de infraviviendas en la capital insular.

La operación se desarrolló de forma pacífica, ya que la mayoría de las personas abandonaron el lugar en los días previos. Según fuentes policiales, en verano podían llegar a vivir allí más de 400 personas, aunque en el momento del desalojo permanecían unas 70.

La situación refleja, según los expertos, las tensiones del mercado inmobiliario en zonas con alta presión turística. Palomera advierte de que el problema no responde únicamente a decisiones individuales, sino a dinámicas estructurales del mercado.

"El rentismo es una lógica que está por encima de cuestiones morales", explica. A su juicio, el encarecimiento del alquiler responde a una presión generalizada que empuja a los propietarios a elevar precios, incluso cuando inicialmente ofrecen rentas más bajas.

El investigador añade que en territorios como Ibiza la falta de vivienda habitual y el peso de los alojamientos tanto turísticos como vacíos agravan el problema. "Hay mucha presión porque falta oferta y las comunidades autónomas tienen mucho que hacer", concluye.