La Fiscalía pide el archivo de la investigación contra Begoña Gómez

Madrid

La Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha propuesto que sea juzgada por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida.

El Fiscal ha presentado dos recursos con este objetivo. Uno ante el juez instructor y el segundo ante la Audiencia de Madrid en el que solicita a la sala "la estimación del presente recurso de apelación, dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones al no ser los hechos constitutivos de infracción penal, y subsidiariamente, sobreseimiento provisional al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa".

Juan Carlos Peinado dictó un auto el pasado 13 de abril por el que decidía enviar ante un jurado popular a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación popular que dirige la asociación ultracatólica Hazteoir, que es la única que sostiene la acusación, ha pedido 24 años de cárcel para la mujer del Presidente del Gobierno, 22 para la asesora y 6 para el empresario. El Ministerio Público nunca ha visto delito y en los dos años que llevamos de instrucción siempre ha acusado al instructor de que no hay indicios que le permitan mantener abierta la causa.

Informe sobre cátedras extraordinarias

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial que firma el Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, Antonio Manuel López, sobre las cátedras extraordinarias como la que codrigía la mujer de Pedro Sánchez. Dice que es una fórmula habitual en las universidades españolas de colaboración "público-privada" porque es un instrumento que sirve para captar profesionales ajenos al mundo de la universidad y también financiación privada.

Según el documento, con este modelo "la universidad mantiene en todo momento la responsabilidad académica, organizativa, administrativa y económica de las actividades desarrolladas, mientras que las entidades externas aportan financiación, conocimiento especializado o experiencia profesional". Es un modelo que "permite canalizar recursos externos hacia las universidades públicas, favorece la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y el tejido productivo, sin que ello implique la delegación de funciones públicas universitarias en entidades privadas ni, mucho menos, la alteración del estatuto jurídico o curricular". De esta forma, concluye, el sector privado "contribuye decisivamente a la viabilidad económica, al diseño y a la orientación de las actividades desarrolladas, mientras que la Universidad mantiene en todo momento la titularidad de la función pública y el control institucional"