El abogado general de la UE avala el protocolo de Meloni para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Bruselas

Primer paso de la justicia europea para avalar el traslado de personas migrantes en situación irregular a centros de deportación en terceros países extracomunitarios. A la espera de la sentencia del TJUE, el Abogado General de la Unión Europea ha avalado en unas conclusiones no vinculantes los centros de internamiento para migrantes que la Italia de Giorgia Meloni ha implantado en Albania.

Un modelo criticado por las organizaciones humanitarias y que varios estados quieren replicar en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en el que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución que abre la puerta a la exportación de este modelo al resto de países.

La justicia italiana había planteado una cuestión prejudicial a los jueces de Luxemburgo después de que un tribunal de Roma rechazara el internamiento de dos migrantes en Albania al considerar que la norma italiana no se ajusta al derecho comunitario. En sus conclusiones, el Abogado General responde que el protocolo del gobierno de Meloni sí se ajusta al derecho europeo, porque no impide que un Estado miembro establezca un centro de internamiento para los procedimientos de retorno fuera de su propio territorio. Pero establece una condición: que se garantice a las personas migrantes los mismos derechos que tendrían en un centro de este tipo en suelo europeo.

El Estado, en este caso Albania, deberá respetar todas las garantías reconocidas por la Unión Europea a los migrantes, lo que incluye el derecho a obtener asesoramiento jurídico y asistencia lingüística y a tener contacto con la familia y con las autoridades pertinentes. Y subraya que los menores y otras personas vulnerables deberán disfrutar del conjunto de garantías establecidas en el sistema de asilo, lo que incluye el derecho a los servicios sanitarios y a la educación.

Estas conclusiones no son vinculantes, pero sirven como guía a los jueces del TJUE, que en un plazo de tres o cuatro meses se tienen que pronunciar en una sentencia sobre la compatibilidad de estos centros con el derecho comunitario.

Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos ya exploran la firma de acuerdos con terceros países “seguros” para replicar el modelo de Roma a lo largo de este mismo año, mientras que Francia y España han expresado serias dudas sobre la efectividad real de estos centros por el riesgo a que se vulneren los derechos humanos.