Sara Millerey: la historia que destapó la violencia sistemática contra las personas trans en Colombia
El asesinato de Sara Millerey evidenció una realidad marcada por la transfobia, el control de bandas criminales y la impunidad judicial. Un caso que volvió a poner el foco en los discursos de odio y sus consecuencias.
Bandera arco iris y de la transexualidad. / EUROPA PRESS/CEDIDA - Archivo (EUROPA PRESS)
La historia de Sara Millerey, una mujer trans asesinada en Colombia en 2025, ha vuelto a poner el foco en una realidad que, aunque parezca lejana, no lo es: América Latina sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas LGTBI y, en especial, para las mujeres trans. Una violencia estructural marcada por la impunidad, la exclusión social y la normalización del odio, cuyos ecos también resuenan en España.
Sara Millerey y la “limpieza social” en Colombia (2025)
La vida de Sara estuvo marcada por dos realidades opuestas. Por un lado, el apoyo incondicional de su madre, su fe religiosa, sus diarios llenos de oraciones y su deseo de vivir con dignidad. Por otro, el miedo constante. Miedo a salir a la calle, a ser señalada, a convertirse en un objetivo solo por ser quien era.
Sara tenía 32 años y vivía en Bello, en la región colombiana de Antioquia. Su asesinato, en abril de 2025, no fue un hecho aislado ni un episodio inexplicable de violencia. Fue la expresión extrema de una violencia estructural que atraviesa a las personas trans en gran parte de América Latina, donde la identidad de género sigue siendo, en demasiados casos, una condena.
Una región especialmente peligrosa para las personas trans
América Latina concentra desde hace años algunos de los índices más altos de violencia contra el colectivo LGTBI del mundo. Dentro de ese colectivo, las mujeres trans ocupan el lugar más vulnerable. La combinación de exclusión social, precariedad económica, estigmatización y ausencia de políticas públicas eficaces crea un escenario de desprotección casi absoluta.
En muchos países de la región, las personas trans son expulsadas del sistema educativo, empujadas a economías informales o al trabajo sexual y obligadas a vivir en territorios controlados por bandas criminales o grupos armados. En esos contextos, la violencia no solo se ejerce, sino que se administra como un mecanismo de control social: advertencias, amenazas, palizas ejemplarizantes y asesinatos que rara vez se investigan a fondo.
El caso de Sara Millerey puso de relieve esa realidad. Durante horas, su agonía fue observada y grabada sin que nadie interviniera. El miedo paralizó al entorno. Un miedo aprendido, interiorizado, fruto de años de violencia impune.
Impunidad y discursos de odio
Uno de los elementos más alarmantes que rodean estos crímenes es la impunidad. En la mayoría de los asesinatos de personas trans en la región, las investigaciones no avanzan o se archivan rápidamente. Las víctimas son deshumanizadas incluso después de muertas, y en ocasiones las autoridades evitan reconocer la motivación transfóbica de los ataques.
A esta impunidad se suma la normalización de discursos de odio que presentan a las personas trans como una amenaza, una desviación o un problema social. Narrativas que no solo circulan en entornos marginales, sino también en tribunas políticas, medios de comunicación y redes sociales.
El asesinato de Sara provocó protestas dentro y fuera de Colombia, y reabrió el debate sobre la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. También puso de manifiesto hasta qué punto estos discursos no se quedan en palabras, sino que legitiman la violencia.
Una violencia que no es ajena a España
La historia de Sara Millerey no interpela solo a América Latina. En España, los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ también se han intensificado en los últimos años, con un impacto especialmente grave sobre las personas trans. Según el último informe “Estado del Odio 2026”, elaborado por la Federación Estatal LGTBI (FELGTB+), la percepción del aumento del odio y del acoso público ha crecido hasta 13 puntos en apenas dos años, y más de la mitad de las personas LGTBI+ reconoce haber sufrido algún acto de odio en el último año.
El estudio alerta de que el odio no se distribuye de forma homogénea: las personas trans se encuentran entre los grupos más expuestos y desprotegidos, junto a jóvenes, personas con menos recursos o aquellas que sufren múltiples formas de discriminación. Además, cuatro de cada diez personas LGTBI+ han sido víctimas de odio en redes sociales, un espacio donde los discursos deshumanizadores se amplifican y normalizan.
Estos datos refuerzan una idea clave: la violencia no empieza con una agresión física, sino con la legitimación social del odio. Y convierten casos como el de Sara Millerey en algo más que una tragedia individual: en una advertencia sobre lo que ocurre cuando las instituciones no ofrecen una protección efectiva y los discursos que señalan a la diferencia se convierten en parte del debate cotidiano, también en España.