El Gobierno considera ilegal que un colegio profesional pueda crear una universidad

El gobierno considera ilegal que un colegio profesional pueda crear una universidad. Es uno de los argumentos principales que sostienen la fundamentación jurídica del recurso -al que ha tenido acceso la SER- que el Ministerio de Universidades ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que anule la orden del gobierno de Ayuso que permite al Ilustre Colegio de la Abogacía madrileño (ICAM), el mayor de Europa, poner en marcha un centro universitario. Es el primer colegio profesional que ha dado este paso en España y que ha chocado frontalmente con la legislación. Esto es lo que pretende demostrar el Ministerio que dirige Diana Morant en su demanda para evitar que esta puerta de entrada se abra también a otros colegios profesionales que pretendan convertirse también en universidades.

En este recurso, Universidades sostiene que la Comunidad de Madrid ha permitido algo que la ley no permite. Y la ley que regula a los colegios profesionales no permite expresamente que puedan impartir grados o másteres oficiales o formar a estudiantes que todavía no sean abogados. Es decir, Universidades considera que la legislación vigente diferencia claramente entre universidades que forman a los estudiantes y expiden títulos oficiales, y colegios profesionales, que regulan el ejercicio de una profesión una vez terminados los estudios. El proyecto ICAM, según el recurso, rompe esa separación. La demanda señala que si no existe una regulación clara en la ley, no se puede hacer.

El ministerio sostiene, además, que los cambios que el ICAM introdujo en sus propios estatutos para habilitarse a sí mismo para ofrecer enseñanzas universitarias oficiales, y que aprobó tan solo unos meses antes de conseguir el visto bueno del gobierno madrileño, también son ilegales porque no fueron aprobados por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), un trámite obligatorio según este recurso. Sin embargo, el ICAM ha facilitado a la SER el documento acreditativo de que ese trámite sí fue completado por el Colegio madrileño ante el Consejo General de la Abogacía Española que aprobó el proyecto de estatutos en el pleno celebrado en enero de 2025. "Está claro que, según la normativa aplicable, sin esta aprobación del CGAE los nuevos estatutos del ICAM, recogiendo la formación entre sus fines, no estarían vigentes como sí lo están. Por lo tanto, en lo que afecta a la situación jurídica de los nuevos estatutos del ICAM no existe ninguna duda sobre su vigencia y legalidad", aclaran fuentes del colegio madrileño.

La demanda también precisa que, a pesar de que el Colegio de la Abogacía de Madrid creó un sociedad mercantil para conseguir convertirse en centro universitario, es solo una pantalla formal, porque la sociedad pertenece al 100% al ICAM, el centro lleva su nombre y está ubicado en la propia sede del colegio. Para el Ministerio, en la práctica es el Colegio quien controla y dirige el proyecto, aunque lo haga a través de otra entidad.

El ICAM es el primer colegio profesional de España que ha conseguido que una administración apruebe su creación como centro universitario (en este caso, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). El gobierno de Ayuso aprobó esta autorización en pleno juicio al ex fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, mientras el ICAM defendía los intereses del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. ICAM Universidad ha anunciado recientemente que pospone la apertura de su centro universitario, prevista para el curso que viene, a septiembre de 2027, “con el objetivo de completar en las mejores condiciones la fase final de implantación del proyecto y garantizar una apertura sólida desde el primer día”, tal y como explica en su página web.

Hasta el momento, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso que presentaron dos diputados del PSOE de Madrid que, además, son colegiados del ICAM contra la autorización del gobierno madrileño. El ICAM precisa a la SER que se encuentra personado ante el TSJ de Madrid para defender un proyecto universitario plenamente conforme a la legalidad y coherente con su trayectoria formativa, frente a este recurso del Ministerio.