El portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, sobre la sentencia del Supremo que les impide entrar en determinados centros: "Viene a crear un problema donde no lo había"

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que exige que haya una autorización judicial para que los inspectores de trabajo puedan entrar en los centros de trabajo cuando la sede coincida con el domicilio social de las empresas. Este caso es habitual en de pymes y micropymes, que tienen su domicilio social en el mismo lugar donde desarrollan su actividad.

Esta sentencia del Supremo se dicta por un recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de la Comunitat Valenciana, que denunció que se presentaron inspectores junto a policías en su sede y que eso vulneraba la inviolabilidad de su domicilio. Ahora, si se consolida esta sentencia como jurisprudencia, la Inspección de Trabajo necesitará autorización judicial para acceder a la inmensa mayoría de centros de trabajo en España.

José Antonio Amate, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, ha pasado por Hora 25, donde ha señalado cómo esta sentencia dificulta su labor: "Es sorprendente, alarmante y con un alto índice de enfado, porque consideramos que el Tribunal Supremo se está excediendo en sus funciones legales".

"Si considera que la ley que faculta a los inspectores a entrar en los centros de trabajo está vulnerando de alguna manera la Constitución, debería haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad y que sea el máximo intérprete de la Constitución el que se pronuncie", ha exigido.

Amate ha criticado que esta sentencia del Supremo "viene a crear un problema donde no lo había": "Ha entrado a resolver una cuestión en donde no había duda ninguna. Genera inseguridad jurídica y no solo a los compañeros con funciones inspectoras, que no sabemos en que situación estamos, también para las empresas a las que pretende proteger esta sentencia".

"A nosotros la ley nos dice que allí donde no nos dejen entrar tenemos que levantar un acta de obstrucción y continuar con la labor inspectora, que no podremos realizarla visitando el centro de trabajo, pero sí requiriendo a la empresa para que nos presente la documentación que estimemos oportuna", ha explicado.

"Lo que más nos duele es que pone en riesgo a las personas trabajadoras"

El portavoz ha remarcado que la sentencia impide que realicen "la función social" que cumplen: "Lo que más nos duele es que pone en riesgo a las personas trabajadoras, nosotros no visitamos el centro de trabajo porque tengamos un interés en ver lo que se hace ahí, nosotros vamos a comprobar si hay excesos de jornada, si se realizan horas extra por encima de los límites legales o si hay trabajadores que se explotan porque son trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y lo que es peor, si se está poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas"

¿Cómo actuarán ante esta sentencia?

"Hay despachos de abogados recomendando a sus clientes que pongan el domicilio social en su centro de trabajo para impedir la entrada a la inspección de trabajo, me parece que el Tribunal Supremo debería tener una mayor profundidad en sus resoluciones y no provocar este grave problema", ha relatado.

Sin embargo, desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo han recomendado que se continúe con la "función social". "Nosotros no nos vamos a quedar en la puerta de las naves, nos identificaremos, explicaremos el motivo de nuestra visita y si no nos dejan entrar actuaremos conforma la legislación nos permite", ha asegurado.