Un jubilado gana un juicio para recuperar 10.000 euros de alquileres impagados pero no recibirá nada gracias al banco

Un jubilado francés se enfrenta a una difícil situación financiera después de que la Banque de France decidiera anular una deuda de más de 10.000 euros en concepto de alquileres impagados por parte de una de sus inquilinas. A pesar de haber obtenido una sentencia judicial favorable, el propietario no podrá recuperar el dinero, lo que ha generado un debate sobre el equilibrio entre la protección de los deudores y los derechos de los propietarios.

El hombre, propietario de una vivienda social de 87 m² con jardín, alquilada por 570 euros mensuales, comenzó a tener problemas en 2023 cuando su inquilina dejó de pagar el alquiler. En poco tiempo, la deuda superó los 10.000 euros. Según el propietario, la comunicación con la inquilina se volvió imposible: dejó de responder y nunca acudió a las citas de mediación.

En mayo de 2025, el tribunal de Saumur dictó una sentencia que obligaba a la inquilina a pagar 10.150 euros, además de los intereses por demora. Sin embargo, casi simultáneamente, la comisión de sobreendeudamiento de la Banque de France aceptó el expediente de la inquilina y decidió cancelar la totalidad de la deuda.

"Estoy realmente indignado y frustrado", declaró el propietario a la prensa local. "Necesito ese dinero. La gente cree que por ser propietario uno es rico, pero no es mi caso. Esta situación me está quitando el sueño".

La inquilina debe abandonar la vivienda en menos de un mes, pero si se niega a hacerlo, el propietario tendrá que iniciar un proceso de desahucio, lo que implicaría nuevos gastos. Además, teme tener que asumir los costes de reparación del inmueble.

Este caso pone de manifiesto las limitaciones del sistema francés de tratamiento del sobreendeudamiento. La Banque de France puede, en situaciones extremas, cancelar deudas incluso si ya existe una sentencia judicial. Esta medida, aunque busca proteger a personas en situación de vulnerabilidad, puede tener consecuencias graves para los acreedores particulares.

Una vez que se aprueba un expediente de sobreendeudamiento y se establece un plan —o se decide la cancelación total de la deuda—, los acreedores no pueden reclamar el dinero. Ni siquiera una sentencia judicial previa puede revertir esta decisión.

Desde asociaciones de propietarios, como la Unión Nacional de Propietarios Inmobiliarios (UNPI), se denuncia un desequilibrio creciente: "Es fundamental proteger a quienes están en dificultades, pero no podemos olvidar a los pequeños arrendadores, que también son vulnerables", señaló un portavoz. "Este jubilado no es un gran inversor. Contaba con esos ingresos para vivir".