No hay unanimidad en el Consejo Económico y Social navarro sobre los Presupuestos

Pamplona

El Consejo Económico y Social (CES) se ha reunido este viernes para abordar el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2023 que asciende a 5.748,9 millones, un 9% más respecto al año anterior; un anteproyecto que, según varias organizaciones, tiene desafíos diferentes ante la coyuntura económica actual.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha destacado, en declaraciones a los medios, la importancia del Consejo Económico y Social (CES), órgano en el que realizarán, ha dicho, una "escucha activa". "Esto es un paso más, estamos caminando en tiempo y forma para conseguir el importante proyecto de Presupuestos de Navarra para 2023, unos Presupuestos que tienen que ser una herramienta fundamental para disipar las incertidumbres y dudas que presenta el panorama económico", ha expuesto.

Saiz ha destacado que el anteproyecto lleva un "importante" gasto social, que representa el 53% y "esa pequeña bajada respecto al ejercicio anterior se debe a que la pandemia de la Covid está en otro momento". Y sobre la inversión, ha dicho que crece un 20%, "como palanca para hacer frente a los desafíos". "Tienen que ser los Presupuestos del escudo social, de los fondos europeos", ha dicho.

El presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, ha manifestado que éste es un Presupuesto expansivo, "lo que no es bueno ni malo", "el problema es que no sé si esos ingresos van a llegar, y si no nos generaría un déficit, que tendrán que pagarlo nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro, y eso me preocupa".

Sucunza ha esperado que el departamento de Economía y Hacienda "hará todos los esfuerzos posibles para que el déficit sea el menor y les animamos a ello". Sobre los fondos europeos, ha manifestado que "eran para la recuperación de la economía después del Covid y tienen que ser empleados para ello, pero lo que he visto en los Presupuestos que hay muchas partidos que no son destinadas para la recuperación de la economía sino para otras cuestiones, y los fondos tienen que dedicarse a su objeto, que es la recuperación de la economía".

El presidenta de la UAGN, Félix Bariain, ha señalado que "la primera crítica a estos Presupuestos viene de la mano de los impuestos, cualquier agricultor o ganadero de Navarra está tributando más que cualquiera del resto del Estado".

"En un momento de coyuntura especialmente difícil y dramático para la agricultura y la ganadería en Navarra estos Presupuestos tienen que ser una herramienta a través de la cual se dote de fondos a la ley de la Cadena Alimentaria que tiene que perseguir y sancionar a todas las empresas que no cumplen la ley", ha destacado, para reclamar que "la parte de fiesta de los fondos europeos lleguen también a agricultores y ganaderos".

Desde el sindicato ELA, Iñaki Zabaleta ha criticado que "la Administración perderá peso con este Presupuesto porque va a aumentar menos que la economía y la inflación" y "a eso hay que añadir que en lo que va de legislatura el pago de la deuda pública va a aumentar un 20%, por lo que uno de cada diez euros del Presupuesto irá destinado al pago de la deuda".

Según ha comentado, "se mantienen los privilegios a las empresas en la política fiscal y pedimos que se haga una reforma fiscal que consista en aumentar los ingresos públicos sobre todo gravando a las empresas y al capital". "Y por otro lado vemos que mientras las listas de espera en sanidad están disparadas, el gasto público en salud apenas va a aumentar", ha censurado.

Por su parte, el portavoz del sindicato LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha señalado que los Presupuestos "tienen que recoger las medidas adecuadas para hacer frente a la situación de crisis ecosocial a la que se enfrenta la clase trabajadora", y ha indicado que el anteproyecto del Gobierno "no marca entre sus prioridades aumentar el gasto social ni tampoco proceder a la redistribución de la riqueza".

Según ha dicho, "si analizamos quienes soportamos las cargas tributarias, al 80% lo hacen los hogares navarros y solo el 7,8%, las empresas a través del Impuesto de Sociedades". Karrera ha pedido un SMI de 1.400 euros y una jornada laboral de 30 horas, fortalecer los servicios públicos, no cometer fraude con el capitalismo verde y políticas propias desde Navarra y "no hacer seguidismo desde Madrid".