Científicos navarros contra la rebaja de las exigencias medioambientales en los proyectos de Renovables

Pamplona

Los ministros europeos de Energía aprueban esta semana en bruselas un reglamento, propuesto por la Comisión Europea, que declara "de interés superior" la aprobación y construcción de proyectos de instalaciones de energías renovables. Con ello se pretenden eliminar durante un año trámites burocráticos y agilizar e impulsar la producción d eenergía limpia, siempre con el telón de fondo de la crisis energética y la guerra en Ucrania.

Sin embargo, entidades no solo medioambientalistas, sino también científicas, se han posicionado en contra de esta medida. También en Navarra. Jokin Larumbe es miembro del colegio navarro riojano de biología, que se ha mostrado contrario e incluso ha enviado un escrito al ministerio español del ramo con sus argumentaciones. Larumbe ha explicado en "Hoy por Hoy navarra" que la nueva reglamentación sentará un precedente "horroroso". En primer lugar, porque no cree que se limite al año inicialmente previsto. y en segundo lugar, porque se trata de que la Unión Europea, hasta ahora garante de "derechos fundamentales" en el espacio medioambiental, es quien ahora vulnera esa protección. Algo que, teme, pueda darse en diversos ámbitos.

"Hay que decir alto y claro, que así no". Quitar los estudios de impacto ambiental para no enterarnos de ese impacto, dice Larumbe, es como "quitar médicos para que no haya diagnósticos y así no enterarnos de que hay cáncer".

En la misma línea se ha mostrado Julen Recondo, Premio nacional de medio ambiente y miembro de la plataforma "Salvemos El perdón". Recuerda que "en estos momentos en navarra tenemos en revisión o en estudio 28 proyectos fotovoltaicos y 24 proyectos eólicos, que están pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental", y que ahora, con la nueva norma, recibirán luz verde sin necesidad de ver si se aprueban esos estudios.

Indica Recondo que en proyectos que se prevén en Navarra, como los tres de la empresa "Solaria", se plantea la construcción en zonas de cultivo, de cereal. Y lo mismo pasa en otras tantas. Son zonas con un uso y una productividad. Los permisos, dice, deberían de darse para instalaciones que se realizaran solo en zonas sin este tipo de usos, como "tejados, polígonos u hospitales", donde ya se han empezado a hacer cosas, aunque "si se hubiera empezado antes", habría muchas más posibilidades.

Comunicado de los biólogos

Como queda dicho, el Colegio navarro riojano de biólogos, se ha mostrado contrario a la nueva reglamentación, y, junto con los demás colegios que componen el Consejo de Colegios de Biólogos de España, enviaron al Gobierno de España un comunicado mostrando sus argumentaciones contra la polémica decisión. Entre esas consideraciones, las siguientes:

"En el CGCOB somos muy conscientes de la necesidad de establecer una transición energética y un proceso de descarbonización de la economía, pero no apresuradamente sin orden y a costa de la transición ecológica y estableciendo un modelo insostenible que, basado en criterios económicos y financieros, y justificado en la temporal guerra de Ucrania, se vulneren la protección del patrimonio natural y la biodiversidad y los intereses y actividades económicas de los ámbitos rurales, al atentar, entre otras, en el sector primario por cambios de uso, así como en las actividades turísticas al modificar drásticamente el paisaje.

Esta propuesta de Reglamento parece impropia de las políticas ambientales en el ámbito europeo que se han fundamentado en los principios de prevención y precaución, y que tan acertadamente han promulgado textos legislativos y normativos en la UE, y vulnera bienes patrimoniales del medio natural y de los ámbitos rurales generando una incertidumbre jurídica impropia de una propuesta de documento que obliga a su cumplimiento a los países miembros y además tramitado con urgencia. La solución pasaría por retirar esta propuesta de Reglamento y establecer la simplificación administrativa dando primacía a la evaluación de impacto ambiental, sin limitaciones a la normativa de protección de la biodiversidad, a las actividades económicas locales y a la necesaria participación pública, incidiendo en otros trámites y dotando a las resoluciones administrativas de los proyectos de energías renovables de garantía jurídica y protección social, ambiental y económica."