Ayuntamientos navarros cargan contra las expropiaciones del TAP
Se quejan de que se van a levantar vertederos con la tierra que se extraiga a lo largo del trazado
Pamplona
Los ayuntamientos de Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, Tiebas- Muruarte de Reta y Biurrun-Olcoz critican que el último proyecto sobre el corredor ferroviario del tren de Altas Prestaciones (TAP) en el tramo Pueyo - Campanas incrementa "sustancialmente" la superficie a expropiar en 122 hectáreas de terrenos cultivables y contempla la creación de 13 vertederos -donde depositar la tierra extraída durante las obras- de los que no habían sido informados.
Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa Rita Roldán, alcaldesa de Barásoain, Yolanda Obanos, alcaldesa de Tiebas-Muruarte de Reta, Bertha Sánchez, alcaldesa de Garínoain, y Charo Guillén, alcaldesa de Pueyo.
Según han explicado, el último proyecto "modifica el conocido hasta ahora", ya que las expropiaciones aumentan en 7 hectáreas en Pueyo, en 30 hectáreas en Garínoain, en 20 hectáreas en Barasoain, y en 65 hectáreas en Biurrun-Olcoz/Tiebas-Muruarte de Reta.
Estas expropiaciones, en su mayor parte, son para construir un total de 13 vertederos donde depositar 3,5 millones de metros cúbicos de tierra de los 5,3 millones que se precisa extraer para realizar el trazado de las vías. "Sorprende que, en los informes hasta ahora conocidos, no se hablase ni se señalasen dichos vertederos", han reivindicado, tras añadir que "el impacto medioambiental de los vertederos es suficientemente importante como para modificar la percepción del entorno rural de estos pueblos, su paisaje, su historia, su flora y su fauna", dicen en un comunicado.
En este sentido, han criticado que antes había zonas "en las que no había ninguna infraestructura y ahora va a haber, además del recorrido del TAP, estos montones de vertidos". "Desde 2012 conocíamos el trazado pero no la cantidad de vertederos, que ha sido una sorpresa hasta para Medio Ambiente, con quienes estuvimos reunidos ayer", han explicado.
Según han señalado, en las reuniones mantenidas con los departamentos de Medio Ambiente y de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, éste les trasladó que en el Gobierno de Navarra "no son competentes, es el ministerio el que decide". Concretamente, "a Medio Ambiente les pedirán algún informe consultivo, pero el Gobierno de Navarra no tiene nada que decir, la obra se lleva desde Madrid". "En las dos reuniones nos quedó claro que el trazado del TAP nada tiene que ver con el Gobierno de Navarra, que ellos no modifican, ni cambian, ni proponen", han relatado. Por ello, han señalado que "no sabemos quién es el interlocutor válido para que, sobre estas cosas que nos resultan gravosas, nos den las explicaciones pertinentes".
Las alcaldesas han señalado que van a presentar alegaciones, cuyo plazo finaliza el 2 de febrero, y que "sería conveniente que se publicara en el BON, pero no tenemos certeza". "Solo podemos alegar y ver qué sucede con las alegaciones", han añadido, tras criticar que "van a destrozar nuestra zona, no vamos a ver más que tren y vertedero". En cuanto a las tierras expropiadas, han explicado que "con el tiempo" podrán volver a ser compradas por los agricultores sumándole el IPC, por lo que tienen "muchas dudas y pocas certezas" sobre si finalmente esto será viable para sus actuales propietarios.
También han destacado que "la pérdida de los terrenos agrícolas, para muchos propietarios, supone una importante merma empresarial que, en algunos casos, pueden llevar a que resulte inviable seguir con la actividad productiva".
Además, han añadido que "la expropiación de los terrenos comunales de cultivo supone una grave pérdida de patrimonio y una merma económica en los pueblos, dado que ayuntamientos y concejos perderán ingresos que repercuten directamente en la ciudadanía".
"No es entendible que los municipios implicados no hayamos sido informados con antelación, ni siquiera nos han explicado el procedimiento de los plazos para las oportunas alegaciones. Todavía estamos en duda de si el proyecto será publicado en el BON o no", han criticado, tras considerar que "no existe una visión de conjunto de la cantidad de intraestructuras que soportamos en estos municipios (autopista, ferrocaril, TAP, líneas de alta tensión) y que hacen peligrar su esencia".
A su juicio, "la lucha contra la despoblación ni puede ni debe ser tratada como un objetivo electoralista o propagandístico", y "la cantidad de proyectos e infraestructuras que soportamos o van a soportar estos municipios" les "abocan a convertirse en pueblos dormitorios". "Creemos que es el momento de prevenirlo, de modificar las consecuencias de una política diseñada a espaldas de las zonas rurales. Este es el último ejemplo de cómo la lucha por la despoblación es más propaganda que interés real por el bienestar de los habitantes del medio rural. A la hora de la verdad, las zonas rurales sufren las consecuencias de una política diseñada sin nuestra participación", han subrayado.