Desarticulada una organización criminal que explotaba laboralmente a inmigrantes en Navarra y Zaragoza

Pamplona

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuarenta y tres personas como presuntos responsables de varios delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de inmigrantes. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en colaboración con la U.C.R.I.F. Central y las U.C.R.I.F. de Pamplona, Tudela y Logroño, llevaron a cabo, tras nueve meses de pesquisas policiales, el desarrollo operativo de la primera fase de explotación en el marco de la denominada Operación 'Oslo', desarticulando una organización criminal investigada por delitos relativos a la explotación laboral, tráfico de inmigrantes, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores, sustentada sobre la base de una red "perfectamente estructurada sólida y estable de carácter compleja por sus distintas conexiones", que estaría conformada por al menos unas sesenta personas.

Su actividad principal delictiva versaría sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos senegaleses, captados tanto en su país de origen como en España, a los que ofrecían puestos de trabajo en labores agrícolas. Posteriormente les imponían condiciones de trabajo "en régimen de semiesclavitud prevaliéndose de su situación de necesidad y de su situación administrativa de irregularidad en España", explica en un comunicado la Policía Nacional.

La investigación se inició a principios del presente año a raíz de varias inspecciones conjuntas en zonas agrícolas, en aplicación del Convenio de colaboración entre la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, en las que se identificó a varios ciudadanos extranjeros captados por la red que estaban siendo explotados laboralmente y se procedió a la detención de seis personas como presuntos responsables de un delito de falsedad documental.

Primera fase de la operación Oslo

Esta primera fase se saldó con 27 detenciones, entre los cuales se hallaban varios miembros del escalón superior e intermedio de la organización, denominados 'lugartenientes' u hombres de confianza del principal investigado. Éste era el intermediario y principal proveedor de mano de obra irregular, a requerimiento de un empresario agrícola de la zona de la ribera del Ebro de Navarra y de Zaragoza, el cual fue identificado como el líder de la organización criminal.

En el transcurso de la investigación, los policías pudieron determinar que los miembros de esta organización captaban a ciudadanos extranjeros, principalmente de Senegal, y una vez llegaban al destino establecido eran acogidos en viviendas ubicadas en diferentes poblaciones de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza.

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En estas viviendas, la mayoría propiedad del líder de la organización, alojaban a los migrantes "hacinados y sin las mínimas condiciones higiénicas ni de habitabilidad". Además, "les imponían unas condiciones laborales abusivas y en régimen de semiesclavitud, les obligaban a trabajar en los campos asignados por la organización criminal durante los siete días de la semana, con jornadas laborales de hasta nueve y diez horas". El salario que percibían por estos trabajos era de siete euros la hora, sin contrato de trabajo y sin la debida alta en la Seguridad Social, "hasta el punto de que si descansaban media hora para comer, les era descontada de su sueldo".

Una de las prácticas que el cabecilla de la trama imponía a los trabajadores en situación irregular en España era que, para poder trabajar en los campos, debían aportar la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y que autorizase a trabajar en España de un tercero con el fin de poder identificarse como tal ante una posible inspección en el campo de trabajo en el que se encontrasen por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo o bien ante la inspección de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Fruto de las pesquisas, los agentes pudieron detectar la participación de hasta quince empresarios agrícolas de las zonas mencionadas, los cuales se prevalían de la mano de obra irregular aportada por el cabecilla de la organización para realizar labores en sus respectivas explotaciones agrícolas. Con estos empleados, los empresarios se beneficiaban económicamente al trabajar sin contrato y sin alta en la Seguridad Social, conformando "una estructura sólida de demanda estable de mano de obra fraudulenta y, por ende, su pertenencia a la organización criminal".

Se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios en Ribaforada (Navarra) y Alfaro (La Rioja), interviniéndose abundante documentación para contrataciones laborales fraudulentas, tarjetas de identificación de extranjeros para suplantaciones, vehículos de traslado de trabajadores y 6000 € en efectivo. Igualmente y, de manera simultánea, se llevaron a cabo inspecciones policiales en los campos de la ribera del Ebro de Navarra y Zaragoza, junto con las respectivas inspecciones provinciales de trabajo. Dos de los detenidos, principales responsables de la organización, de 37 y 53 años, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su titular el ingreso en prisión provisional para los dos.

Segunda fase de la investigación

En una segunda fase, los agentes procedieron a la detención de otras diez personas, entre los que se encontraban varios empresarios agrícolas de la zona de Navarra, así como varios 'lugartenientes' del principal investigado que se encuentra en prisión.

Hasta este momento se han localizado y tomado declaración a un total de cinco víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de la organización criminal, conforme al Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (2011), que establece las bases de coordinación y actuación de las distintas instituciones implicadas y la propia Ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito, a los cuales en virtud de la ley orgánica 1/2010, ofreciéndoles los recursos integrales disponibles en aras a salvaguardar su integridad y protección.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.