SOS Racismo Navarra denuncia que en casi 7 de cada 10 casos el agente discriminador es la Administración pública

Pamplona

Sos Racismo Navarra ha presentado este martes en el Parlamento de Navarra su informe anual referente a 2023. En la comparecencia han criticado la "falta de coordinación y criterios comunes" en el ámbito de la protección social, la "suspensión del cobro de la renta garantizada, y denegación de atenciones en servicios sociales de base y unidades de barrio por carecer empadronamiento". La portavoz de la organización, Beatriz Villahizán, ha expresado en la primera llamada del día que se da una situación "paradigmática" porque "ya hay planes, hay leyes contra el racismo que llevan el concepto de racismo en lo teórico bastante completo, pero seguimos sin tener contemplada la perspectiva antirracista en la normativa y seguimos perpetuando formas de discriminación directa e indirecta". Se ha referido, por ejemplo, al acceso a derechos básicos como el empadronamiento y la sanidad: "A día de hoy el acceso a derechos fundamentales aquí en Navarra sigue supeditado a cumplir unos requisitos a sabiendas de que estos requisitos no dependen de las personas y a sabiendas de que es la propia administración quien debe garantizarlos. Hablamos del derecho y del deber a empadronarse, del acceso a la sanidad universal, de los controles policiales por perfil técnico que se siguen dando y que, de hecho, hay un aumento".

Al respecto, durante su comparecencia parlamentaria, otra de las representantes de SOS Racismo, Flavia Navarrete, ha señalado que "se constata cómo por parte de algunos ayuntamientos se exige un tiempo mínimo de residencia en el municipio para poder acceder a esas prestaciones, al sistema de protección social, que fijan en 4 a 6 meses, sin que este criterio aparezca en ninguna normativa". La representante de Sos Racismo ha destacado además que "percibimos que sigue habiendo un aumento" de las solicitudes de renta garantizada por vía extraordinaria, "lo que demuestra que los requisitos de acceso a esta prestación no se adecúan a las necesidades reales de la población". "Entendemos que debería bastar con acreditar la inexistencia de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas", ha indicado.

Por su parte, Aleyda Gaspar, también integrante de Sos Racismo, ha explicado que el 62% de las personas que acudieron a la oficina de SOS Racismo tenían entre 19 y 40 años. "Resulta interesante ver cómo el 45% de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, una situación de vulnerabilidad jurídica que dificulta su acceso a servicios tanto públicos como privados, e impide o recorta su acceso a derechos fundamentales de facto, como el trabajo regular o prestaciones y ayudas, o de manera indirecta como el acceso a la vivienda o la sanidad", ha indicado. Gaspar ha señalado que en el 68% de los casos el "agente discriminador era una entidad pública". "Los porcentajes más altos se corresponden con dificultades o trabas en el acceso a protección social, con un 23%. El segundo ámbito más amplio de discriminación fueron las actuaciones policiales, con un 23% (están entre ellas las citas trampa que fueron denunciadas en este Parlamento en años anteriores, también violencias por partes de agentes de la policía y controles de identidad policiales por perfil étnico)", ha asegurado.