Los dos últimos asesinatos de ETA en Navarra siguen bajo investigación

Pamplona

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Francisco de Jorge de concluir sin procesamiento la causa abierta a la excúpula de ETA por el atentado perpetrado el 30 de mayo de 2003 contra los policías Julián Embid y Bonifacio Martín en Sangüesa (Navarra) tras no hallar pruebas de que sus integrantes diesen la orden directa para cometerlo. En el auto judicial, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, la sección primera de la Sala de lo Penal ordena al juez reabrir la causa al estimar un recurso de Dignidad y Justicia, al que se opuso la Fiscalía, en el que alertaba de que De Jorge había dejado pendientes de practicar diligencias de investigación ya acordadas. Se trata de la toma de declaración a Jon Lizarribar, Gurutz Aguirresarobe y Miren Itxaso Zaldua, a los que hacía alusión un informe de la Guardia Civil como posibles partícipes en el atentado contra estos dos agentes, fallecidos al explotar una bomba lapa adosada a su coche oficial. Así, como pedía Dignidad y Justicia, la Sala conmina al juez a tomarles declaración y a pronunciarse también sobre la pertinencia y utilidad del testimonio solicitado por esta acusación de la declaración de testigos protegidos en otras diligencias, "valorándose seguidamente su resultado junto con la que ya hay practicada en nueva resolución".

La Sala explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le faculta para "revocar el auto de conclusión del sumario, acordando la práctica de nuevas diligencias por parte del Instructor, cuando así lo hubiere solicitado el Fiscal o alguna de las partes personadas, y el Tribunal lo considere procedente".

"Como se comprueba en las actuaciones, únicamente se ha recibido declaración a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe (Ata), pero no a los otros tres investigados a pesar de haber sido acordado por el Magistrado instructor y citados a tal fin mediante providencia de 25 de julio de 2023", indica el auto. Consta en la causa, dice la Sala, un Informe de Inteligencia policial fechado el 13 de septiembre de 2023 en el que entre sus conclusiones se establece que habría indicios que relacionarían a los investigados Miren Itxaso Zaldua y Carrera Sarobe con el atentado de Sangüesa. "Informe del que se da traslado al Ministerio Fiscal que en fecha 7 de noviembre de 2023 se pronuncia sobre la no práctica de prueba personal, dado el escaso valor que tendría, dictándose con posterioridad el Auto de conclusión de sumario sin procesamiento de 3 de enero de 2024", recuerda la Sala.

La resolución recurrida se basaba en dicho informe para indicar que no podía "atribuirse participación material de Arruarte Santa Cruz y Lorán Lafourcade", así como en el argumento del Ministerio Fiscal, que apoyó el cierre de la causa, de que los miembros de la Policía eran una víctima habitual de ETA sin que fuera necesario que la dirección ordenara los asesinatos. Sin embargo, la Sala advierte que según los informe policiales hay otros posibles autores materiales "y por eso se acordó su declaración, la que no se ha practicado, salvo de una, y sin que posteriormente haya sido dejado sin efecto o al menos se explique por qué ya es no es útil dicha diligencia de prueba".

Este sumario fue reabierto en 2022 tras una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia contra ocho miembros de la antigua cúpula de ETA y otros dos exintegrantes de la banda a quienes atribuía el atentado. Entre los exjefes de ETA contra los que se dirigía la querella figuraban Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel Albisu Iriarte, Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto, si bien el juez amplió el año pasado la imputación a Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, y Miren Itxaso Zaldua, Sahatsa, tras recibir un informe de la Guardia Civil.