Steilas mantendrá su recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la Ley PAI de Navarra

Pamplona

El sindicato Steilas mantendrá su recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Ley Foral del PAI, por el que se considera que "puede haber indicios de inconstitucionalidad" en la norma. Su aprobación en 2022 por connivencia de PSN y Navarra Suma, permitió crear 352 plazas públicas para docentes en el Programa de Aprendizaje en Inglés, bajo el requisito del título C1 en dicha lengua. Entonces, el sindicato ya se opuso a la norma, y a otras tantas políticas educativas que fomentan los programas en inglés "a toda costa y en detrimento de la calidad educativa y otros programas", desde hace más de diez años.

Por ello, ahora que el Supremo estudia la legalidad de una ley que Navarra aprobó "apresuradamente y sin asegurarse de su viabilidad", según afirma el sindicato, consideran injusto que los 352 afectados otorguen a Steilas toda la responsabilidad de su situación. Añaden que estas víctimas son solo "la punta del iceberg", porque muchas otras personas no han podido funcionalizarse en los anteriores procesos "por culpa de las políticas negligentes" llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra. El sindicato hace responsable al ejecutivo de la situación de los docentes que ahora se ven afectados, por lo que también exigen que la solución para ellos llegue desde el mismo lugar.

Así, el sindicato ha considerado que "los responsables de todos los perjuicios ocasionados tanto al profesorado estabilizado PAI como al que no tuvo oportunidad de participar en los procesos de estabilización y al alumnado al que no benefician en nada estos programas son el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, la directora general de Personal, Begoña Unzué y, por extensión, el Gobierno de Navarra". "Por ello, les exigimos que solucionen la situación a la que han abocado a todas estas personas", ha añadido.

Steilas se ha preguntado si "deberíamos callarnos y convertirnos en cómplices ante una flagrante vulneración de la legalidad, quedarnos inmóviles a favor de quienes no tuvieron ninguna posibilidad de estabilizarse, callarnos ante un artefacto jurídico urdido para imponer una política contra la educación en euskera".

El sindiato ha explicado que, una vez el Supremo ha admitido a trámite el recurso, "el proceso será largo y pasarán meses hasta que se dicte una sentencia, pero está claro que, sea cual sea la sentencia, los únicos responsables son Gimeno, Unzué y el Gobierno de Navarra". "Con sus decisiones pusieron en marcha un proceso que adolecía de seguridad jurídica y ahora, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias de dicho recurso, tratan de exculparse responsabilizando de la situación al sindicato Steilas", ha afirmado.

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El sindicato ha señalado que "la normativa estatal impide convocar oposiciones en las que sea requisito una titulación C1 en lengua extranjera", pero el departamento de Educación "intentó que cada autonomía tuviese la potestad para decidir en cada convocatoria si exigía esa titulación". Sin embargo, dado que la normativa estatal no fue modificada, Steilas ha señalado que el Gobierno foral siguió "por la vía más peligrosa e injusta con un alto grado de inseguridad jurídica".

Así, ha afirmado que se aprobó una ley foral para "la funcionarización y contratación del profesorado con la exigencia de un perfil de lengua extranjera (cuando las lenguas extranjeras no son oficiales), y la creación de dos tipos de profesorado con iguales funciones pero derechos laborales diferentes: no obtener nuevas especialidades, no poder concursar a otro tipo de plazas, imposibilidad de moverse a otras comunidades, etc.".

Según Steilas, "esta ley fue tramitada apresuradamente para evitar la negociación con los sindicatos y no abordar el problema de la interinidad en su totalidad (todas las especialidades, idiomas y cuerpos docentes)". "De esta forma, el departamento hizo una convocatoria extraordinaria de estabilización en la que más del 80% de las plazas para estabilizar eran con requisito de lengua extranjera. Sin ir más lejos, estabilizaron 147 plazas en Primaria Castellano PAI y 152 en Infantil Castellano PAI, pero solo una en Primaria Castellano, una en Infantil Euskera y ninguna en Educación Infantil Castellano ni Primaria Euskera, cuando la interinidad en estas especialidades era y sigue siendo también muy elevada", ha explicado.

Además, el sindicato ha afirmado que "los porcentajes a los que obliga la ley de reducción de la interinidad no se han cumplido en la educación pública de Navarra y nos encontramos ante un gran fraude". "El objetivo del departamento de Educación no era reducir al 8% la interinidad real en Navarra, sino disponer de un artefacto jurídico para modificar las plantillas, despedir al profesorado que no le interese sin indemnización ni ningún otro tipo de derechos e imponer una política contra la educación en euskera", ha asegurado.

Steilas ha explicado que decidió recurrir la ley del PAI en el verano de 2022, "un año antes de que concluyeran los concursos de méritos de estabilización". "En junio de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra falló contra el recurso, y decidimos acudir a una instancia superior y presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pasado más de un año, dicho tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación, al considerar que puede haber indicios de inconstitucionalidad en la ley del PAI", ha señalado el sindicato.