UPN no tomará medidas respecto a sus dos miembros condenados por el intento de asalto al Parlamento de Navarra
"Nos hubiera gustado personarnos como parte de la acusación porque la gravedad de los hechos es muy grande y la sentencia no es acorde", ha lamentado el portavoz del PSN Ramón Alzórriz
Pamplona
Un alcalde y un miembro de la ejecutiva de UPN están entre los condenados por el intento de asalto al Parlamento de Navarra acontecido el pasado 7 de marzo. En el caso de Salvador Moreno, miembro de la ejecutiva, la sentencia recoge la agresión con un puñetazo por la espalda a un policía foral. Hechos reconocidos, pero el partido no pretende de momento tomar medida alguna ni en su caso ni en el de Máximo López, más allá de la que obliga la sentencia al alcalde de Lazagurría a abandonar su cargo. "El alcalde de Lazagurría ha presentado su dimisión porque es un cargo público y la sentencia establece que tiene que proceder así, pero el miembro de la ejecutiva no es un cargo público, por lo que es una cuestión que responde a obviamente al ámbito interno de nuestro formación política nada más", ha declarado Javier Esparza.
Sobre esa decisión de ámbito interno que podría afectar a Salvador Moreno, el portavoz regionalista ha preferido lavarse las manos: "Yo no considero nada porque no soy quien para hacerlo, sino el régimen interno de UPN, según lo que establezcan sus estatutos. Hay un Comité de Garantías que es el que tendrá que definir cómo se actúa". Salvador Moreno fue elegido por Cristina Ibarrola para formar parte de su ejecutiva un mes después del altercado a las puertas del parlamento, donde fue una de las caras más visibles en las imágenes de los altercados.
"No hay ningún asalto"
El que fuera presidente de UPN, ha mostrado además su disconformidad con los términos que se están empleando a la hora de hablar del caso. Enrocado en que la sentencia judicial no contempla el delito de asalto al parlamento, considera inapropiado incluso el mero hecho de emplear ese término, pese a que las imágenes de aquel día muestran cómo las agresiones a los policías tienen lugar cuando estos intentaban impedir la entrada de los manifestantes por la fuerza, en la misma puerta de la cámara. "No hubo ningún intento de asalto a este parlamento según la justicia. Habrá que respetar a la justicia". "Basta de bulos, manipulaciones y mentiras. Basta de criminalizar a un colectivo como como son los agricultores y a determinadas personas", ha acusado a los miembros del gobierno que inciden en que la gravedad de los hechos es mayor que lo que recoge la sentencia de conformidad. "Nos hubiera gustado personarnos porque la gravedad de los hechos es muy grande", ha reclamado el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz.
Y es que el Parlamento de Navarra no se personó como parte de la acusación en la causa, ya que tomaron la decisión de esperar en un primer momento, y el acuerdo entre la fiscalía y la parte acusada les pilló por sorpresa: "Se nos dijo que era mejor esperar a que el Juzgado de Instrucción tomase las medidas oportunas o presentarse las pruebas y que después podríamos presentarnos como parte de la acusación, pero sorprendentemente e inusualmente se llegó a ese acuerdo con una rápidez inusual que no nos lo ha permitido", ha lamentado Alzórriz.
Veto de entrada al parlamento para los agricultores condenados
La mayoría del Parlamento de Navarra apoyará la propuesta de la Presidencia del Legislativo de impedir la entrada a la Cámara a los agricultores condenados por los incidentes en la puerta del Legislativo el 7 de marzo de este año. PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado esta propuesta, que han rechazado UPN, PPN y Vox.
En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "es mentira que hubo un intento de asalto del Parlamento, según la Justicia". "Habrá que respetar a la Justicia", ha indicado, para señalar que "las personas que han sido condenadas no lo son por intentar asaltar el Parlamento". "La Justicia en este caso ha puesto las cosas en su justa medida", ha afirmado.
Ha pedido que, sobre este tema, "basta de bulos, basta de manipulaciones, basta de mentiras, basta de criminalizar a un colectivo como son los agricultores y a determinadas personas". "La Justicia lo que ha hecho ha sido dejar en mal lugar a la presidenta del Gobierno, porque la señora Chivite lo que hizo fue criminalizar a los agricultores navarros y afirmar que se había intentado asaltar el Parlamento, y la Justicia le ha dicho a la señora Chivite que no", ha indicado, para señalar que la presidenta "tiene que pedir perdón a los agricultores navarros".
Ha subrayado que "los agricultores evidentemente van a asumir las responsabilidades que les corresponden, las que ha dictado la propia Justicia, pero no las que exija el PSN". Y ha aclarado que no apoyarán que no se les deje entrar. "No tiene mucho sentido que Otegi pueda entrar, condenado por pertenencia a banda armada, y unos agricultores que protagonizan unos incidentes no puedan entrar", ha dicho, para añadir que "no vamos a aceptar clases de nadie y menos de un PSN que es socio de EH Bildu, un partido político que acoge terroristas en sus listas electorales; un PSN que le da la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu y tenemos hoy a un teniente alcalde en Pamplona, el señor Abaurrea, condenado por agredir a dos mujeres", ha dicho, para comentar que "el señor Abaurrea estaba el otro día en este Parlamento y ex miembros de ETA acuden a este Parlamento a comparecer".
El socialista Ramón Alzórriz ha indicado que "es mucho más grave de lo que el acuerdo marca el intento de asalto al Parlamento de Navarra en un momento en el que se estaba debatiendo". Y ha exigido a UPN que con "las personas que tienen en sus diferentes órganos de dirección y que han sido condenadas por el intento de asalto al Parlamento se tomen medidas drásticas". "Exigimos que esas personas no sigan al frente de ninguna institución o de ningún órgano de dirección de UPN", ha dicho.
Ha respaldado la propuesta que se ha hecho en el Parlamento para que "los agricultores condenados no puedan entrar en él esta legislatura". "Se nos pasará a los grupos un informe jurídico al respecto y tomaremos la posición en la próxima Mesa y Junta de Portavoces", ha dicho, para opinar que "nos deberíamos haber presentado como acusación en este caso por la gravedad de los hechos".
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que el objetivo de la propuesta de no dejar entrar al Parlamento a estos condenados es que no accedan "aquellas personas que acuden a este recinto parlamentario y que tratan de generar incidentes como sucedió con estas personas que, aunque fue en la puerta del Parlamento, fue un intento de entrar en él".
Ha indicado que "no es la primera vez que en este Parlamento se sanciona a personas que han acudido como visitantes y han protagonizado distintos incidentes en el parlamento y también se sancionó al grupo que las invitó; no es ninguna novedad". "Si hay precedentes, que se apliquen los mismos precedentes y tener la misma vara de medir en todo", ha señalado.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha apoyado que "no se permita la entrada de estas personas que intentaron entrar al Parlamento de forma violenta y creemos que es una medida básica no permitir la entrada estas personas durante esta legislatura".
Además, Azcona ha pedido a UPN que "con sus cargos públicos y orgánicos tenga la misma vara de medir o algo parecido a lo que ha venido exigiendo siempre a Geroa Bai". "Geroa Bai ha tenido que afrontar las exigencias de UPN en esta materia y ha visto que por una causa archivada, por tanto sin condena, un consejero -Manu Ayerdi- tuvo que dimitir. Ahora tenemos a dos personas, un cargo público y a otro orgánico de UPN que están condenados -por los incidentes de agricultores en la puerta del Parlamento-. Veremos si tiene la misma vara de medir y las mismas exigencias. Parece, por lo que nos llega, que el alcalde de Lazagurría ha tomado la decisión de dimitir. Eso es lo que tenemos constancia en estos momentos y, desde luego, veremos si UPN se manifiesta en este sentido", ha indicado.
La parlamentaria del PPN Irene Royo no ha compartido que se impida el acceso a los agricultores condenados si esta medida no se hace "extensiva y universal en el sentido de extenderse a todos los condenados por desórdenes".
El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha señalado que "no es una cuestión de si han sido condenados o no por desordenes públicos", sino de que "se intentó entrar a la fuerza en este Parlamento". "Que haya una medida para que durante esta legislatura no puedan entra en esta Cámara, sinceramente, es lógica. Estaríamos de acuerdo", ha indicado.
La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha criticado que "el presidente del Parlamento quiere impedir la entrada en la Cámara a los -agricultores- que estén condenados por desordenes públicos y en nuestra opinión o no entra nadie que haya sido condenado por desórdenes públicos o entra todo el mundo que se considere que venga acreditado". "Los parlamentarios no podemos erigirnos en jueces. No hay ningún juez que haya condenado a estos agricultores a que no puedan acceder a ningún centro público", ha señalado.
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