UPN critica la ley de vivienda asequible de los socios de Gobierno y EH Bildu porque "dificulta aún más" el acceso a ella

Pamplona

UPN enmendará la proposición de Ley sobre Vivienda Asequible presentada por los socios de Gobierno y EH Bildu, al entender que, pese a su título, “va a dificultar aún más el acceso a la vivienda” con inseguridad jurídica para los potenciales arrendadores o el freno a las rehabilitaciones, entre otros aspectos.

Lo ha anunciado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniain, quien en rueda de prensa ha advertido de que esperan a la presentación y debate inicial de la proposición, pero son ya una quincena de enmiendas las que prepara UPN para corregir el efecto de una propuesta con la que “se pierde una oportunidad de facilitar el acceso a la vivienda”, ya que “no se aborda ni una sola medida para agilizar la disposición de suelo para construcción de vivienda”.

Ha calificado la política que se propone como “reparto de las migajas”, ya que si no se desarrolla más suelo, y si no se disponen parcelas de titularidad municipal o foral donde poner en marcha la política pública de vivienda, "sólo les queda estrujar lo que ya se tiene, cada vez menos, hasta llegar a la nada más absoluta”.

Además, ha criticado que la propuesta “dificulta aún más el acceso al alquiler” al añadir “nuevas trabas a los propietarios”, a quienes “les prohíbe retener la fianza, y les obliga a depositarla en el Gobierno de Navarra. Si alquilan la vivienda, ya no van a disponer de la fianza del alquiler”, ha explicado.

Por otro lado, ha denunciado que estos mismos propietarios van a pasar a ser “acosadores inmobiliarios” y “a seguir desprotegidos frente a los okupas”, ya que en la nueva ley se introduce el concepto de ‘acoso inmobiliario’ como motivo de sanción para el propietario que alquila su vivienda "de una forma indeterminada y subjetiva, lo que supone aún más inseguridad jurídica y, en lugar de fomentar, disuade aún más el alquiler”, ha considerado.

Sánchez de Muniáin también ha rechazado como punto negativo que se suprima la posibilidad del alquiler con opción de compra, ya que “obligan a los que acceden a una vivienda a perpetuarse en el alquiler, aunque no quieran”.

Por otro lado, ha destacado que “supone un varapalo a la rehabilitación” porque las ayudas “ya no van a depender sólo de la renta, sino también del patrimonio”. Así, ha explicado que de la opción a ayudas se excluye a quien supere un patrimonio de 100.000 euros, por lo que “quien viva en un pueblo de Navarra y posea otra vivienda en Pamplona o Tudela no puede acogerse a ayudas, por ejemplo”.

Asimismo, ha denunciado las dificultades que conlleva para la promoción de apartamentos tutelados o comunitarios por parte de la empresa familiar navarra, debido a las cláusulas "inalcanzables" que impone para acceder a subvención, como la de 75 años de permanencia en la inversión.

Las enmiendas de UPN

Con todo ello, UPN se propone "suprimir estas disposiciones con incidencia negativa" mediante una quincena de enmiendas, una de las cuales propone incluir la figura de las entidades urbanísticas colaboradoras en la concesión de licencias, tomando como referencia legislación de otras comunidades autónomas, “en favor de la agilidad en las tramitaciones de construcción y rehabilitación de vivienda”.

Además, propondrá la supresión del artículo de la Ley de cambio climático que está "haciendo inviables desarrollos urbanísticos como el de Donapea o el TAV" porque obliga a reservar suelo en superficie donde generar energía cuando hay otras alternativas que, a su juicio, concitarían el consenso de todos los grupos.

Además ha considerado "imposible" cumplir la exigencia planteada de que en 2030 todas las viviendas tengan calificación energética A o B.

Sánchez de Muniáin ha exigido también introducir en la ley de vivienda propuesta “la obligación de que se publique en tiempo real el número de demandantes de vivienda protegida”, así como una disposición transitoria que obligue al gobierno a actualizar la normativa de habitabilidad en un plazo de seis meses, debido a las obligaciones obsoletas que dificultan la creación o rehabilitación de viviendas.