Informes médicos y judiciales, peritaje forense y unanimidad en pleno: requisitos para las víctimas de tortura reconocidas en Navarra

Pamplona

Después de que 21 nuevas personas fueran reconocidas la semana pasada en Navarra como víctimas de tortura institucional motivada por razones políticas y provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, distintas reacciones de actores políticos en la comunidad foral han tenido lugar en los últimos días. Entre las críticas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Navarra, por estar "ideologizada" y contribuir a "EH Bildu haga una utilización mezquina que pretende manipular la historia", que emitió el portavoz de UPN en el parlamento foral, Javier Esparza, hablamos en SER Navarra con el Director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, que también es presidente de la comisión, para conocer su funcionamiento.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del lunes en el Parlamento de Navarra, mientras los partidos que conforman el Gobierno celebraban el reconocimiento de las nuevas víctimas por ser "un acto de justicia", un logro "fruto del progreso" y de "la paz y la convivencia", el portavoz de UPN, Javier Esparza cargó contra el acontecimiento, asegurando que actualmente "se puede decidir sin ningún rigor quién es víctima y quién no".

El regionalista añadió: "Con el paso del tiempo me da la sensación de que van a ser catalogadas, en este sentido y por esta ley, más víctimas de la izquierda abertzale que las víctimas reales que ha sufrido el terrorismo de ETA. Es un disparate y es un sinsentido. Y es intolerable. Y, desde luego, nosotros no nos vamos a callar y pedimos esa revisión (la de la ley que regula el reconocimiento al Gobierno de Navarra".

Proceso para reconocer a una víctima de tortura

La Ley Foral 16/2019, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos establece el procedimiento y quién puede acudir a la comisión.

Primero, los solicitantes del reconocimiento como víctimas que llegan a la oficina del Gobierno de Navarra, aportan documentación para probar su caso. Es una documentación en la mayoría de casos es "médica, o de sentencias judiciales que sus propios asesores y abogados preparan", ha explicado el Director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza. A continuación, la información pasa a la Comisión, que el propio Zabalza preside, y las personas solicitantes encuentran el primer filtro: "En ese momento estudiamos si admitimos o no la petición, y en el caso de que aceptemos, comienza un procedimiento de entrevistas con los médicos forenses, con la psicóloga forense, y entre el experto de la Comisión con los con los forenses", detalla.

Toda esa información se recopila, y "con los informes forenses, con la documentación, y con las entrevistas se elabora una ponencia de cara al pleno, y si este lo aprueba, se solicita el reconocimiento a la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, donde redactamos la resolución oficial", explica Zabalza, que cuenta 12 meses de media en el tiempo que le cuesta a la comisión evaluar cada caso.

9 expertos y autoexigencia de unanimidad

El Pleno de la Comisión lo conforman los nueve miembros de esta, que además decidieron solicitar reconocimientos a la Dirección General solo cuando exista unanimidad en el criterio de todos ellos. Tres de ellos, dos peritos forenses y una psicóloga forense, son elegidos por el Instituto de Medicina Legal y trabajan a diario con la justicia ordinaria. "Hacen los peritajes que les ordenan los jueces de guardia, por lo que son profesionales que trabajan con víctimas de todo tipo y son expertos en ese trabajo", subraya el Director general de Memoria y Convivencia. Otros cuatro miembros son Doctores en Derecho o Sociología que elige el parlamento, y el Director del Instituto de Memoria junto al propio Zabalza como presidente completan la Comisión.

"En el Pleno, el ponente entrega un informe a la Comisión y explica por qué entiende que esa persona tiene que ser reconocida como víctima de motivación política. Después, los forenses también presentan su informe y si ambos coinciden se inicia el debate de pleno", desglosa Zabalza. A todo el proceso, los nueve miembros han decidido de motu propio añadir un filtro más que no exige la ley, supeditando el veredicto del pleno a la unanimidad del criterio de sus miembros. "Queremos darle más garantía con la unanimidad y así lo estamos haciendo. No estamos obligados y podríamos votar (puede que lo hagamos en el futuro) pero nos hemos mandatado a nosotros que los acuerdos sean por unanimidad y así lo estamos adaptando en todos los casos", ha añadido.