“La inacción no es una opción”: Alfaro defiende el plan de vivienda para zonas tensionadas en Navarra
El Gobierno foral presenta un paquete de 56 medidas para frenar el alza de precios y ampliar el acceso a la vivienda en Navarra
Obras de construcción de viviendas en el barrio pamplonés de la Txantrea. / Cadena ser
Pamplona
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha defendido este martes en el Parlamento foral el plan de medidas asociado a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que afecta ya al 70% de la población navarra. “La inacción y la falta de regulación no son una opción”, ha afirmado Alfaro, quien ha subrayado que el objetivo es “hacer más asequible el acceso a la vivienda” y “corregir el rumbo desorbitado que han alcanzado los precios”.
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El plan, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Navarra, incluye 56 medidas estructuradas en cuatro ámbitos de actuación: oferta, demanda, medidas transversales y gobernanza. La declaración afecta inicialmente a 21 municipios, entre ellos Pamplona, Tudela, Burlada, Barañáin, Estella, Tafalla o Cintruénigo, y tendrá una vigencia de tres años.
Limitación de precios y refuerzo del alquiler público
Una de las medidas más destacadas es la limitación de precios de alquiler en base al índice de referencia estatal, que comenzará a aplicarse en julio, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Esta limitación afectará a nuevos contratos en viviendas sin alquiler en los últimos cinco años o en manos de grandes tenedores. En el resto de casos, no se podrá superar la última renta vigente.
Además, se contempla la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler por tres años a petición del inquilino. “Esperamos que Navarra siga la senda de Cataluña, donde los precios han bajado hasta un 8,9% en Barcelona tras un año de aplicación”, ha señalado Alfaro.
El plan también prevé ampliar la bolsa de alquiler del Gobierno foral, que actualmente cuenta con 1.078 viviendas. Se han incrementado los incentivos para propietarios, como una cuarta mensualidad inicial y deducciones fiscales de hasta el 90% en los municipios declarados tensionados.
Planes específicos y medidas para jóvenes y zonas rurales
El plan incluye medidas a corto, medio y largo plazo, como la movilización de vivienda vacía, el registro de grandes tenedores, el plan de vivienda rural, la promoción pública de alquiler a través de Nasuvinsa y la creación de una empresa mixta con capital público y privado.
También se contempla una futura ley de viviendas colaborativas y la introducción del modelo de sorteo para adjudicar vivienda protegida, con cupos específicos para jóvenes, mayores de 60 años y empadronados en el municipio. “Los problemas de acceso a la vivienda de la población joven son una de nuestras mayores preocupaciones”, ha afirmado Alfaro.
En el ámbito de la gobernanza, se elaborarán planes específicos con los 21 ayuntamientos afectados, a partir de una encuesta que se está distribuyendo este mes. “Es esencial que las entidades locales nos orienten sobre las medidas más adecuadas”, ha subrayado.
Valoraciones políticas: apoyo del bloque progresista y críticas de la oposición
El plan ha recibido el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno. Daniel López (Contigo-Zurekin) lo ha calificado como “una propuesta muy ambiciosa y transversal, adaptable a cualquier comunidad autónoma”. Kevin Lucero (PSN) ha destacado que “Navarra ha dado un paso de gigante” y ha valorado que el plan “no olvida ni al mundo rural ni a la juventud”. Itxaso Soto (Geroa Bai) ha afirmado que “las 56 medidas buscan el acceso a la vivienda de toda la ciudadanía” y que están “alineadas con el acuerdo programático”.
EH Bildu también ha mostrado su apoyo. Mikel Zabaleta ha señalado que “nos gustaría que toda Navarra pudiera ser declarada zona tensionada” y ha ofrecido su colaboración para “garantizar el derecho a la vivienda”.
Desde la oposición, Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) ha cuestionado la efectividad del plan: “La mayor parte de las cosas ni se han producido ni se van a producir en los próximos tiempos”. Maribel García Malo (PPN) ha calificado la intervención en el alquiler como “una decisión nefasta” y ha advertido que “el plan carece de concreción y no garantiza resultados medibles”. Emilio Jiménez (Vox) ha denunciado “control, intervencionismo y sanción” y ha acusado a las administraciones de “no haber hecho su trabajo”.
