La falta de refuerzos provocará retrasos en la atención a las víctimas navarras de violencia machista: "Va a suponer un colapso"

Pamplona

Desde este pasado viernes, los juzgados de violencia sobre la mujer han adquirido más competencias. Hasta ahora juzgaban los casos de violencia de género, pero desde ahora deben tratar también los delitos de violencia sexual, trata y matrimonios forzados. El problema es que no se les han concedido recursos. La jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Navarra, Esther Fernández, advierte: "Si seguimos siendo el mismo número de personas y de medios materiales conociendo de estos delitos, se nos aumentan las competencias con esa dotación y evidentemente va a suponer un colapso". Y esto tiene una consecuencia fundamental: "Si tenemos cuatro víctimas de violencia de género con comparecencias para decidir sobre medidas de menores; al mismo tiempo podemos tener una agresión sexual o podemos tener un tema de mutilación o de víctimas de trata, que eso supone ya adoptar medidas de entradas y registros, temas de teléfonos, pruebas preconstituidas..., pues va a suponer muchos posibles retrasos".

No han recibido refuerzos ni los esperan a corto plazo. Es una cuestión preocupante porque es, además, una labor que exige una especialización muy elevada: "Hay que ver la gestión de emociones, los consumos, la salud mental... Tiene tantas aristas que es muy complejo y hay que venir con la mente abierta para poder comprender la dificultad que puede tener una víctima, por ejemplo, que con una orden de protección ha quedado voluntariamente con él y se produce una nueva agresión. Pues esa víctima es muy reticente a declarar porque tiene vergüenza, porque le hacen creer que la culpable de esa situación es ella, y hay que saber reconducir esas situaciones".

Irregularidades en el programa de atención a agresores sexuales

El Gobierno de Navarra ha reaccionado ante la denuncia realizada en la SER por supuestas irregularidades en el programa de atención a maltratadores y agresores sexuales en Navarra. Este domingo, el psicólogo Josean Echauri aseguró en estos micrófonos que el programa se está desarrollando en locales sin licencia y con personas sin formación especifica. Y este lunes, preguntado por la SER, el vicepresidente primero y consejero de Igualdad, Félix Taberna, ha asegurado que "nos consta que la adjudicación se ha hecho en tiempo y forma y con la legalidad pertinente y que se está desarrollando el servicio con total normalidad, que forma parte de un marco competente de Instituciones Penitenciarias. En cuanto a la formación también nos han dicho desde Justicia que existe una experiencia acreditada por parte de los profesionales que están dando el servicio".

A este respecto, Fernández ha aclarado que quienes se someten a los programas de reeducación de agresores sexuales, de maltratadores, no lo hacen por decisión de los jueces, sino porque así lo establece la ley: "La ley establece preceptivamente, además ahí no tenemos margen los jueces, que en los delitos de violencia sexual o de violencia de género se suspenden la penas privativas de libertad inferiores a dos años. Entre las condiciones de la suspensión está el no cometer delitos y someterse a los programas de maltratadores; y, por otro lado, no acercarse ni comunicarse con la víctima".