El sector lácteo navarro denuncia una imposición de precios y alerta de pérdidas tras los nuevos contratos

Pamplona

El sector lácteo navarro atraviesa un momento de tensión tras la reciente renovación de los contratos entre ganaderos e industria, que ha reabierto un conflicto enquistado en torno al precio de la leche en origen. La falta de acuerdo tras la reunión mantenida con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dejado un escenario de bloqueo en el que las organizaciones agrarias denuncian una bajada de los precios de la leche de entre 7 y 10 céntimos y advierten de un riesgo real de producir a pérdidas.

Desde UAGN, su representante Beni Irurita describe un clima de “decepción, frustración y mucha preocupación” en el sector, y asegura que no existen motivos económicos que justifiquen la bajada de precios planteada por la industria. “Ahora mismo no hay absolutamente ninguna razón ni de mercado ni de nada que se le parezca que sustente una bajada de precio de ningún tipo”, afirma. A su juicio, las empresas están aprovechando su posición dominante para aumentar márgenes a costa del productor: “Quieren volver a engordar sus carteras a costa del productor y ya está bien” .

Uno de los puntos más críticos del conflicto es la falta de capacidad de negociación de los ganaderos, que denuncian estar sometidos a contratos prácticamente impuestos. “No hay absolutamente ningún poder de negociación. O firmas o no te recogen la leche” , explica Irurita, quien recuerda además que se trata de un producto perecedero, lo que reduce aún más el margen de maniobra del productor. Esta situación de desequilibrio es compartida por EHNE, cuyo presidente, Fermín Gorraiz, habla directamente de una “bajada unilateral” por parte de la industria.

La principal preocupación del sector es que los nuevos precios no cubran los costes de producción, algo que ya estaría ocurriendo en otras comunidades. “No se puede producir a pérdidas” , advierte Gorraiz, quien señala que en regiones como Galicia algunas explotaciones ya se encuentran en esa situación. En Navarra, donde existen entre 160 y 170 explotaciones de vacuno de leche, el impacto podría ser generalizado si finalmente se aplican las bajadas previstas en los contratos.

La industria, por su parte, justifica este ajuste en la necesidad de competir con precios más bajos en el mercado europeo y en la entrada de productos lácteos del exterior. Sin embargo, desde el sector agrario rechazan frontalmente este argumento. “Es una excusa”, sostiene Irurita, que recuerda que España es un país deficitario en producción de leche y advierte de las consecuencias de depender del exterior: “Cada vez vamos a depender más de mercados exteriores”. Los ganaderos alertan de que esta estrategia puede debilitar aún más el tejido productivo nacional.

Otro de los elementos que agravan el conflicto es la sospecha de prácticas coordinadas entre las industrias. Desde UAGN apuntan a la coincidencia en las bajadas de precios como un indicio preocupante: “Qué casualidad que todos han acordado bajar precios en las mismas fechas”. En EHNE van más allá y hablan abiertamente de la posibilidad de un nuevo “cártel de la leche”, lo que podría derivar en denuncias ante organismos de competencia.

Reunión con el Ministerio

El papel del Gobierno tampoco ha satisfecho al sector. Tras la reunión celebrada esta semana, las organizaciones agrarias critican la falta de medidas concretas. “El Ministerio se puso de perfil”, resume Gorraiz, en una valoración compartida por UAGN, que denuncia que las reivindicaciones del sector no están siendo escuchadas. Ambas organizaciones reclaman una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria que garantice que no se produzcan ventas por debajo de costes.

En este sentido, una de las pocas vías abiertas es la actuación de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que podría iniciar inspecciones para verificar si los contratos cumplen la normativa. No obstante, desde el sector advierten de que estos procesos son lentos y podrían tardar meses en tener efectos reales, lo que aumenta la incertidumbre entre los productores.

Ante este escenario, las organizaciones agrarias ya plantean posibles medidas de presión. Desde UAGN apuestan por la vía judicial, con denuncias ante la Fiscalía y organismos de competencia, mientras que EHNE no descarta movilizaciones en función de cómo evolucione la situación en las próximas semanas. “Las medidas tienen que ir más encaminadas a nivel judicial”, subrayan.