El editorial de Pepa Bueno: "Una acusación genérica que la juez tiene que concretar"

El caso de los ERE en Andalucía pretende esclarecer un monumental desvío de dinero público a bolsillos particulares, a prejubilaciones irregulares, y empresas o sindicatos intermediarios de expedientes de regulación de empleo. Tres años de investigación, más de 140 imputados, entre ellos una docena de aforados vinculados a diez años de gobierno de la Junta de Andalucía. Poco más se puede decir sobre la gravedad de un fraude de dinero de todos que se cifra judicialmente en unos 144 millones de euros. Pero hasta el momento la jueza Alaya ha impuesto fianzas a los numerosísimos imputados por valor de casi 2000 millones. La última ayer, a la ex-consejera de Economía andaluza y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, imputada por la jueza, desimputada por la Audiencia Provincial, vuelta a imputar por Alaya y pendiente de un segundo recurso. Antes de que ese recurso se resuelva ha llegado la fianza. Llama la atención el momento y la cuantía. Porque la jueza no aporta ningún documento nuevo contra Álvarez, ni la acusa de haberse quedado con dinero público. La acusa de forma genérica de diseñar con otros el sistema de ayudas para beneficiar a determinadas empresas o personas. Un sistema que pasó por el Parlamento año tras año durante la década investigada y que siguiendo la lógica a la que apunta la jueza acabaría implicando a toda la Cámara regional andaluza.

Pocas bromas con el uso o mal uso del dinero público, no lo diremos bastantes veces. Pero o la juez encuentra pruebas concretas contra Álvarez y el resto de políticos imputados y en ese caso envía parte de la investigación a los tribunales correspondientes o el delito concreto que unas personas determinadas supuestamente cometieron y que dio origen al caso, se perderá en el marasmo de la polémica política.