¿La tierra es de quien la gobierna?

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han dictado sendas resoluciones que vienen a sentenciar que es el Estado el que tiene las competencias exclusivas para decidir sobre materias como el fracking en Cantabria o las prospecciones petrolíferas en Canarias. Con la ley en la mano así será, no creemos que los jueces sean antiecologistas ni prevaricadores, ni tengan nada en contra de esas comunidades. Pero el hecho de que así sea y sea legal suscita algunas dudas.

En otras circunstancias, se nos recuerda hasta la saciedad que las Comunidades Autónomas no son autónomas del Estado, sino que son el Estado en la Comunidad. Y desde esta sensata concepción de las cosas resulta inconcebible que cuando se trata de la explotación de recursos naturales el gobierno de la Comunidad en que se encuentran nada tenga que decir. Dice el gobierno central que las competencias autonómicas en medio ambiente no pueden extenderse hasta dejar en papel mojado las estatales. Pero lo contrario, en materia tan delicada, también es un sinsentido.