La salud democrática de España

Madrid

Será reglamentario, pero cuando menos discutible, que dos jueces que han estado en la órbita del PP vayan a juzgar el caso de la Caja B de ese partido. Será legal, pero resulta muy perturbador que esos mismos dos jueces se vayan a encargar de juzgar la primera etapa del caso Gürtel. Se ajustará a la norma, pero produce escándalo que dos jueces a los que el PP llevó al consejo del poder judicial o al que el PP aupó al Tribunal Constitucional forzando, y retorciendo el procedimiento, vayan a decidir sobre dos de los casos de corrupción política más graves que afectan al mismo partido, que en su día les eligió. De entre todos los jueces a los que podía haber elegido. Concepción Espejel y Enrique López van a formar parte del tribunal que juzgará el caso de la Caja B, en el que el PP se sentará en el banquillo como responsable civil subsidiario. La independencia judicial no solo es una cuestión de hecho, es también fundamental la apariencia.

¿Acaso no queda contaminada la teórica y deseable independencia del poder judicial en casos como este? ¿No nos asiste el derecho a la duda sobre su imparcialidad? ¿No es ésta una de las consecuencias indeseables de la politización del poder judicial? ¿No habría que acabar de una vez con esta división en bandos de la judicatura, con el manejo burdo de órganos e instituciones de los que depende, en buena medida, la buena salud democrática de este país?

Ahora que se habla tanto de la necesaria renovación del sistema, ahora que se insiste justificadamente en la imprescidible reconstrucción de la política y de las estructuras democráticas fundamentales... ahora que tanto se habla de la regeneración, ¿no deberíamos regenerar también a los encargados de castigar a los degenerados?