Brigada Aranzadi contra el Congreso

Madrid

Acabar la temporada con un enfrentamiento institucional de primer orden entre el Parlamento y el Gobierno en funciones sería una pésima noticia. Es verdad que la última palabra cuando existe un conflicto de atribuciones la tiene el Tribunal Constitucional, pero realmente sería lamentable que el Congreso se viera obligado a ese extremo. Sobre todo porque es francamente difícil encontrar en estos momentos en España un solo catedrático de Derecho Constitucional que no crea que un gobierno, en funciones o no, debe someterse al control parlamentario, porque ese es el fundamento de un sistema democrático, que no queda suspendido entre unas elecciones y la toma de posesión del nuevo gobierno.

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Otra cosa es que se confunda confianza y control. Evidentemente, el nuevo Parlamento no puede retirar la confianza al gobierno en funciones, porque nunca se la dio, es decir, no puede obligarle a dimitir. Pero el control no tiene que ver con la confianza y también parece obvio que alguien tiene que controlar que un gobierno en funciones no se exceda en las competencias, bastante recortadas, que le concede la ley.

Es descorazonador que no haya manera en este país de arreglar algo mediante la conversación y que los tribunales o el Tribunal Constitucional estén llamados a resolver todos los enfrentamientos políticos. En otros países como Alemania, con mucha experiencia de interinidad, no se discute nada, porque se da por supuesto que el gobierno en funciones no mueve un papel sin asegurarse el acuerdo de los grupos parlamentarios ya constituidos. Aquí se lanza a Brigada Aranzadi, como se conoce a los abogados del Estado, contra el Congreso. Y todos tan satisfechos.