Justicia y gasolina

Madrid

El presidente de la Generalitat ha convocado la cumbre para el referéndum el próximo 23 de diciembre. El día después de que la CUP haya salvado el trámite presupuestario. El gobierno, por fin, ha empezado a moverse. Ahora se trata de ver si el camino que ha emprendido el ejecutivo, con la vicepresidenta al frente de la sección de inteligencia y estrategia, llega a tiempo para hacer política. Eso sí, tras cuatro años perdidos por Rajoy para hacer lo que ahora va a hacer. En cualquier caso, la legislatura empieza con otro aroma con la vicepresidenta montando su segundo despacho en Cataluña. Hay dos cosas que puede hacer el Ejecutivo: la primera es prestarle atención a la mitad no independentista, que ha estado huérfana de gobierno todos estos años. Y la otra, ofrecer argumentos a muchos de los que militan hoy en el bloque soberanista para que salgan de él. Observar ese frente como un todo cohesionado e impenetrable es otro error cometido desde Madrid.

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Aunque este proceso ya no va solo de gestos, sino de negociaciones reales, de acuerdos. En ese sentido, el Gobierno está dispuesto a negociar 45 de los 46 puntos que presenta como exigencias la Generalitat. Si se acordara el grueso de esas reivindicaciones habría mucha gente como decimos que abandonaría el llamado ‘procés’. Cosa distinta es el punto en discordia. La Constitución sigue prohibiendo un referéndum que pregunte por la ruptura del Estado. Ya hubo uno en noviembre de 2014 y no sirvió de nada. Acabó con tres imputados, entre ellos Artur Mas. ¿De qué va a servir otro? Y en todo caso, ¿qué vendrá después?, ¿el bucle?, ¿otras elecciones autonómicas rebautizadas como constituyentes y en las que los restos de CiU sigan perdiendo posiciones?

En todo caso, es posible que estemos en mejores condiciones para abordar este desafío. Por un lado, el Gobierno ha entendido que además de peligroso serían insostenibles otras vacaciones catalanas. No disponer de una mayoría absoluta puede ayudar a que el PP salga del burladero jurídico.

Puigdemont también demuestra más flexibilidad que Artur Mas. Al menos sobre el papel, porque a la vez alimenta la hoja de ruta. Y ahí está el problema: ningún gobierno va a negociar bajo presión, con un ultimátum de fechas. Se necesita un gesto que desactive el calendario, fijado para septiembre de 2017. Pero Puigdemont no tiene fuerza ni votos para hacerlo. Está en manos de ERC y de la CUP. Incluso Junqueras ha deslizado que no descarta adelantar el referéndum previsto si se producen agresiones del Estado. Se refiere a la decisión que adopte la Justicia sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, imputada por desobediencia y prevaricación por haber permitido la votación de la hoja de ruta constituyente. Sin olvidar el juicio oral abierto a Mas, Rigau y Joana Ortega. Es el Estado de Derecho, aunque para los independentistas es gasolina para su proceso.